Río de Janeiro, 12 may (.).- El presidente del Congreso, el senador Rodrigo Pacheco, afirmó este jueves que la posible privatización de la petrolera estatal Petrobras (NYSE:PBR), propuesta la víspera por el nuevo ministro de Minas y Energía, no es una prioridad en este momento del Parlamento.
"No considero que ese asunto esté en el radar o en la mesa de negociaciones en este momento, incluso porque el momento no es el más oportuno", afirmó el presidente del Senado, y del Congreso, en declaraciones a periodistas en las que hizo referencia a la proximidad de las elecciones presidenciales de octubre en Brasil.
Agregó que tampoco es adecuado el momento económico para la discusión sobre la privatización de la mayor empresa de Brasil debido a que, ante la crisis global, los activos se están desvalorizando en los mercados y los inversores están sin interés.
"No es una medida a ser votada rápidamente. Privatizar Petrobras demandará mucho tiempo, negociaciones y diálogo, incluyendo a toda la sociedad, porque se trata del mayor activo nacional", agregó.
Pacheco prácticamente sepultó la idea del Gobierno de acelerar la venta del control de la petrolera, propuesta por el nuevo ministro de Minas y Energía, Adolfo Sachsida, en el discurso que pronunció el miércoles al asumir el cargo.
Ello debido a que la privatización de Petrobras tiene que ser aprobada por el Congreso, en donde hay muchas resistencias al proyecto, incluso entre legisladores oficialistas.
Según Pacheco, pese a la crisis generada por la subida de los precios de los combustibles y a las cuestionadas ganancias récords anunciadas por la empresa, "hay que reconocer que Petrobras es un activo nacional y una empresa muy exitosa que tiene que ser apreciada".
Asimismo, para los analistas, la propuesta de privatizar Petrobras, que Bolsonaro y varios de sus ministros anuncian recurrentemente sin que hasta ahora hayan iniciado estudios para ello, es tan sólo una estrategia electoral para culpar a la empresa por el aumento de los precios de los combustibles e intentar evitar que el mismo afecte la imagen del mandatario a cinco meses de las elecciones.