Madrid, 22 feb (.).- El consejero delegado de Repsol (BME:REP), Josu Jon Imaz, ha dicho que la compañía tiene ahora una visión más positiva sobre el marco fiscal español que la que tenía en octubre, cuando advirtió de que el impuesto a las energéticas podría condicionar sus inversiones, y ha añadido que, si se confirma un marco claro y predecible, invertirán.
Imaz, durante la conferencia de analistas en la que ha presentado este jueves los resultados de la compañía en 2023 y el plan estratégico para el periodo 2024-2027, ha dicho que no invertirán en proyectos de transformación energética en España si no hay certidumbre sobre la regulación fiscal.
Repsol, que tiene el gravamen extraordinario a las energéticas recurrido en los tribunales y que se opuso a la idea de que se extienda más allá de los dos años para los que fue aprobado inicialmente, ha señalado que ha habido cambios en los últimos meses.
Ha manifestado que las cosas han cambiado y que el gravamen ha sido rediseñado porque la prioridad es la inversión.
Por eso, ahora tienen una visión más positiva y van a ver si se confirman las medidas de que haya un marco claro, que no discrimine a las compañías que invierten y producen en España, y, en caso de que el marco sea claro y predecible, van a invertir en España.
Repsol, en el plan estratégico para el periodo 2024-2027 que ha presentado este jueves, contempla en los años que cubre el plan unas inversiones de entre 16.000 y 19.000 millones de euros, de los que el 60 % se destinarían a la Península Ibérica (España y Portugal), aunque ha advertido de que las inversiones se modularán, entre otras cuestiones, en función del marco regulatorio y fiscal en España.
El Gobierno español aprobó a finales de diciembre un real decreto-ley que prolonga algunas de las medidas adoptadas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.
En él se extiende el impuesto extraordinario durante 2024, si bien contempla rebajas en las reinversiones que hagan las compañías afectadas por el mismo en proyectos industriales vinculados a la descarbonización, a las que se minoraría el tipo del 1,2 % que se les aplica sobre la cifra de negocio a cambio de sus inversiones en proyectos para descarbonizar.