Seúl, 18 jul (.).- El Gobierno surcoreano presentó hoy un plan de acción económica para el segundo semestre con un importante acento social en un momento marcado por las críticas contra sus últimas medidas en este terreno, especialmente la contundente subida del salario mínimo.
El informe recorta la previsión de crecimiento en una décima con respecto al pronóstico de principio de año y sitúa la expansión del PIB en el 2,9 % para 2018 ante la ralentización del gasto de capital y la caída del sector de la construcción merced a las tensiones comerciales China-EEUU y a la subida del precio del crudo.
Entre las medidas de alivio del programa presentado por el Ministerio de Finanzas, se incluye un paquete de algo más de 3 billones de wones (2.281 millones de euros/2.659 millones de dólares) en ayudas públicas.
Estas van destinadas a los estratos más necesitados o a apoyar industrias clave y a los sectores que han sufrido importantes reestructuraciones (como los astilleros).
En el documento el ministerio asegura que mantendrá una política de gasto público expansiva y que su crecimiento para este año se situará en el 7,1 por ciento con respecto a 2017.
El plan incluye una mejora de la pensión mínima del 19 por ciento a partir de septiembre hasta situarla en 250.000 wones (190 ólares) y promete más incrementos a partir del año próximo.
El fortalecimiento del escuálido plan nacional de pensiones (la mitad de los surcoreanos mayores de 65 años vive en la pobreza relativa) es una de las tareas pendientes que se ha propuesto atajar el Gobierno del liberal Moon Jae-in desde su llegada al poder el año pasado.
El Ejecutivo de Moon también se compromete en el plan presentado hoy a presionar a las operadores de tarjetas de crédito y débito para que recorten las comisiones que imponen a los pequeños minoristas y a designar otros 3 billones de wones en subvenciones para este sector a raíz de las fuertes críticas recibidas en los últimos días.
Estas, procedentes también de las pymes, responden a la decisión anunciada la semana pasada de subir el salario mínimo un 10,9 por ciento el año próximo, después del incremento del 16,4 por ciento que entró en vigor el pasado 1 de julio.
El Gobierno asegura que con el aumento de ingresos busca impulsar el consumo y reducir la brecha salarial, mientras que los críticos argumentan que la medida perjudica la creación de empleo y aumenta costes operativos.