Madrid, 15 feb (.).- Afectados por la ampliación de capital de 2012 del extinto Banco Popular (BME:POP) han pedido al juez instructor la declaración como testigos de la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado; el exgobernador del organismo Luis María Linde y el exvicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia.
En un escrito presentado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz el pasado 7 de febrero al que ha tenido acceso EFE, el bufete Durán & Durán responde así a la declaración, un día antes, de los peritos del Banco de España que analizaron si hubo un presunto delito de estafa en la operación.
Los técnicos Jaime Cidoncha y Juan Francisco Castro Navarrete ratificaron el contenido de un informe de 210 páginas, fechado en julio de 2023, que concluía que la ampliación fue un éxito para los inversores, y permitió mejorar la situación y balance de la entidad hasta 2016.
Los querellantes, a los que ahora se han sumado 96 nuevos afectados, han presentado otro informe pericial elaborado por el catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid Prosper Lamothe, que asegura que el banco ofreció al mercado información manipulada.
Según el documento, las pérdidas que tendrían que haberse declarado en el ejercicio 2012 eran de 5.237 millones de euros, y no los 2.300 de los que se informó a los inversores.
El análisis es "demoledor", indica el informe, ya que durante ocho años el banco declara beneficios que son irreales en base a su política de no dotar los deterioros realmente sufridos en su cartera de inmuebles adjudicados y créditos dudosos.
Incomprensiblemente, prosigue Lamothe, los peritos del Banco de España no tienen en cuenta todos estos hechos en su informe y reducen de forma absurda la gravedad de los hechos, una "manipulación escandalosa que impidió a los inversores y al mercado ajustar la cotización de la acción a la realidad financiera del banco".
Por ello, los afectados han pedido que declaren como testigos, entre otros, la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, que en aquel momento era coordinadora ejecutiva del Grupo de Inspección asignado permanentemente al Banco Popular.
También, el máximo responsable del organismo en aquel tiempo, Luis María Linde, y una decena de funcionarios, así como el exvicepresidente de la CE Joaquín Almunia, quien en un acto público en 2019 admitió que "se nos escapó una entidad financiera, se nos escapó el Banco Popular, quizás no nos hubiera pasado con un supervisor único”.
Los afectados piden además al juez que requiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); al Fondo de Garantía de Depósitos y al Banco Santander (BME:SAN), que tras la resolución del Popular se hizo con la entidad al precio simbólico de un euro, diversa documentación relacionada con la entidad.
En la causa figuran como investigados el expresidente del Banco Popular Ángel Ron; el exvicepresidente de la entidad Roberto Higuera, y el auditor de PwC que revisó las cuentas de 2012 del banco José María Sanz Oliva.
El pasado mes de noviembre, el juez Pedraz sobreseyó provisionalmente la causa, al entender que tras la práctica de las pertinentes diligencias no concurren indicios de delito alguno, pero en enero de este año la Audiencia Nacional le instó a seguir con la instrucción al menos hasta que tomara declaración a los dos técnicos del Banco de España.