Madrid, 27 jun (.).- La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso de Volkswagen (ETR:VOWG_p) contra la sentencia de un juzgado madrileño que le condenaba por el caso de la manipulación de motores conocido como "dieselgate" por entender que los órganos competentes son los juzgados mercantiles de Barcelona, donde la compañía automovilística tiene su sede.
En una sentencia fechada el pasado 22 de enero a la que ha tenido acceso Efe, la Audiencia Provincial de Madrid asume los argumentos de Volkswagen, que en más de 100 páginas desmentía las prácticas ilegales y alegaba falta de legitimación y competencia del juzgado madrileño, ya que en su opinión la causa correspondía a los juzgados de lo mercantil de Barcelona, así como falta de pruebas e incorrecta valoración de las existentes.
El tribunal da por bueno el argumento de que la sede social de Volkswagen España está en Parque de Negocios Mas Blau II, Edificio Landscape, calle de la Selva núm. 22 de la localidad de El Prat de Llobregat (Barcelona), de ahí que sean los juzgados locales los que deben juzgar el caso.
"Carece de sentido", añade la sentencia, que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) decidiera presentar su demanda en un juzgado madrileño en vez de hacerlo ante los juzgados de lo mercantil de Barcelona, donde "conforme se recoge en la propia demanda tiene el señalado domicilio la entidad demandada".
Por ello, la Audiencia Provincial de Madrid anula "las actuaciones realizadas a partir de 2019", las remite a los juzgados de lo mercantil de Barcelona, y emplaza a las partes para que comparezcan en diez días en el juzgado que por turno corresponda.
En enero de 2021, el juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid condenó a Volkswagen España a desembolsar más de 16 millones de euros entre los perjudicados por la manipulación de los motores diésel de la familia EA 189, caso conocido como "dieselgate", al estimar que el "software" instalado camufló las condiciones de las emisiones contaminantes de los vehículos.
En la sentencia, el juzgado mercantil estimaba la demanda colectiva de la OCU, que pedía una indemnización por daños y perjuicios de 3.000 euros para cada uno de los consumidores afectados a los que representaba.
El juez ordenaba además a la filial del grupo alemán a cesar en esta conducta "desleal" y le condenaba al pago de las costas, con expresa declaración de temeridad; no obstante, limitaba la lista de afectados representados por la OCU de los 7.542 iniciales a 5.444, al reducir la indemnización a aquellos cuyos vehículos sí fueron importados y distribuidos por la demandada y presentaban la incidencia en sus motores.
La OCU ha criticado con dureza la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid y "valora" presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.