Madrid, 18 nov (.).- La firma australiana Berkeley (LON:BKGH) ha notificado al presidente del Gobierno y al Ministerio de Transición Ecológica su intención de someter a arbitraje el contencioso que mantiene con España por habérsele denegado la licencia para construir una mina de uranio en el municipio de Retortillo (Salamanca).
En una nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa explica que la negativa del Gobierno supone una infracción del acuerdo internacional de Energía Energy Charter Treaty, por lo que en sus escritos al presidente y al Ministerio insta a reanudar las negociaciones y a buscar una solución amistosa.
En noviembre de 2021, Transición Ecológica (Miteco) denegó la autorización para construir la planta de fabricación de concentrado de uranio de Retortillo, frente a cuya negativa la multinacional presentó un recurso administrativo del que todavía no ha obtenido respuesta.
Tras el informe desfavorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la resolución del Ministerio, Berkeley remitió diversa documentación al Miteco en la que argumentaba y explicaba las razones que sirvieron de base para denegar la licencia y, todo ello, con argumentación validada por expertos internacionales en la materia.
La compañía rechazó los argumentos del Consejo de Seguridad Nuclear, que considera "arbitrarios" y con poca base legal y técnica, y presentó un informe ampliado que da respuesta a los argumentos del CSN, añade la nota, que tampoco ha recibido respuesta.
Posteriormente, solicitó acceso a los expedientes de las explotaciones mineras de La Haba (Badajoz) y Saelices El Chico (Salamanca), propiedad de la sociedad estatal Enusa, para "verificar y comparar" si las exigencias eran las mismas.
Analizada la documentación, ha llegado a la conclusión de que el Gobierno de España les ha discriminado en relación con las otras explotaciones mineras de uranio radioactivo.
Berkeley cree que el Ministerio rechazó la construcción de la mina sin cumplir con los requisitos legales, y denuncia que el informe ampliado ni siquiera se tuvo en cuenta, ya que no consta que Transición Ecológica se lo hiciera llegar al CSN, pese a la insistencia de la compañía minera.
Por todo ello, considera que el rechazo del Ministerio no cumple con el imperativo legal, y que se ha infringido la normativa vigente.
Berkeley seguirá defendiendo sus derechos y su posición "por todos los medios a su alcance", añade la nota, aunque su deseo es resolver el conflicto y poder llevar a cabo el proyecto.