Bruselas, 29 jun (.).- La Comisión Europea (CE) recordó este lunes a los Estados miembros que las ayudas públicas, concedidas a las empresas durante la pandemia de coronavirus, no deben incluir como condición que las compañías repatríen sus actividades al país que facilita el dinero desde otros territorio dentro del Espacio Económico Europeo (EEE).
Bruselas incluyó esa advertencia en una nueva enmienda del marco temporal que flexibiliza las reglas comunitarias sobre ayudas de Estado, para que los Gobiernos de la Unión Europea (UE) puedan ayudar a las firmas que atraviesan dificultades a consecuencia del COVID-19.
"Con la enmienda, la Comisión ha clarificado que la ayuda no debería estar condicionada al traslado de la actividad de producción o de otra actividad del beneficiario desde otro país dentro del Espacio Económico Europeo al territorio del Estado miembro que concede la ayuda", recalcó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
Bruselas añadió que imponer ese requisito "sería particularmente dañino para el mercado interno".
El pasado 26 de mayo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, presentó un plan de 8.000 millones de euros de ayuda al sector automovilístico para hacer frente a la crisis, que incluía el compromiso de los grupos PSA (AS:RDSa) y Renault (PA:RENA) de fabricar en el país francés sus vehículos "limpios", eléctricos e híbridos.
Macron explicó que a cambio del apoyo público, PSA y Renault tendrán que "relocalizar la producción con valor añadido en Francia y consolidar y mantener la totalidad de la producción industrial" en las plantas que tienen en el país.
Más allá de incluir esa advertencia, la nueva enmienda facilita que los Gobiernos otorguen dinero público a las pequeñas empresas.
La relajación de las normas sobre ayudas de Estado ante la pandemia tiene como objetivo apoyar a las firmas viables que experimentan dificultades por la crisis económica y sanitaria.
Por ese motivo, se exige que las compañías receptoras del dinero público fueran viables antes del 31 de diciembre de 2019.
Sin embargo, Bruselas aclaró este lunes que todas las microempresas y pequeñas firmas, es decir, las compañías con menos de 50 trabajadores y una facturación anual inferior a los 10 millones de euros, podrán beneficiarse de la relajación de las reglas sobre ayudas de Estado, incluso si ya experimentaban dificultades el pasado 31 de diciembre.
La CE precisó que las firmas no podrán beneficiarse de la flexibilización si ya están en procedimientos de insolvencia, han recibido rescates que no se han devuelto o son objeto de un plan de reestructuración bajo las normas de ayudas de Estado.
La Comisión aseguró que debido a "sus limitados tamaño e implicación en las transacciones transfronterizas", la ayuda estatal a esas firmas "tiene menos probabilidades de distorsionar la competencia en el mercado interior que la ayuda de Estado a empresas más grandes".
La enmienda de hoy también aumenta las posibilidades de respaldar las empresas emergentes, que en su mayoría son de pequeño tamaño.
El Ejecutivo comunitario recordó, además, que todas las pymes con menos de tres años de vida el 31 de diciembre de 2019 ya podían beneficiarse de la relajación de las reglas sobre ayudas públicas.
Por otra parte, Bruselas adaptó este lunes las condiciones para las recapitalizaciones en las que los inversores privados contribuyen al incremento de capital junto al Estado.
Así, si el Estado decide recapitalizar una empresa, pero el sector privado aporta al menos un 30 % del nuevo capital en las mismas condiciones que el Gobierno, las prohibiciones de adquirir otras compañías y los límites a las remuneraciones de los directivos quedarán limitados a tres años.
Del mismo modo, la prohibición de pagar dividendos desaparece para los propietarios de las nuevas acciones y de las ya existentes, siempre que los que tengan esas participaciones ya existentes "estén totalmente diluidos por debajo del 10 % en la empresa".
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