Madrid, 18 abr (.).- Las declaraciones de los acusados en el juicio sobre el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato han concluido este jueves, con lo que queda pendiente la prueba documental de la Fiscalía, que será el próximo 6 de mayo, y los informes de conclusiones.
En la sesión de este jueves han declarado Sergio Lorca, Fernando Rodríguez Varona y Cándida Rodríguez Melcón, vinculados a las agencias de publicidad Publicis y Zenith, empresas que realizaron la campaña de publicidad de marca y la salida a Bolsa de Bankia (BME:BKIA).
Los tres han defendido el proceso de selección y la normalidad de los trabajos realizados.
Entre las cuestiones que debe resolver el juicio figura si, siendo presidente de Caja Madrid-Bankia -entre enero de 2010 y mayo de 2012- Rato cobró indebidamente comisiones procedentes de los contratos de publicidad que la entidad bancaria firmó con las empresas de publicidad Publicis y Zenith relativos a la fusión, la imagen de marca y la salida a bolsa de la entidad.
También ha declarado el que fuera secretario del consejo de administración de Telefónica (BME:TEF), Ramiro Sánchez de Lerín, en relación con los servicios profesionales prestados por Rato a la operadora, que ha asegurado que cumplían con todos los requisitos y fueron declarados como correspondía, si bien la Fiscalía sostiene que Rato ocultó a Hacienda dichos ingresos.
Asimismo, ha declarado Carlos Llanos, socio director del bufete Plazas Abogado, que realizó la declaración tributaria especial (DTE) o amnistía fiscal de Rato, que ha rechazado que el despacho realizara otros trabajos para el exvicepresidente, y el representante legal de Publicis y Zenith, que se ha negado a declarar.
Tras 46 sesiones, el próximo 6 de mayo tendrá lugar la presentación de la prueba documental por parte de la Fiscalía Anticorrupción, y una vez concluida esta será el turno de los informes finales de las partes.
Anticorrupción atribuye a Rato once delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, por los que se enfrenta a una petición de penas que podría alcanzar los 70 años de cárcel.