Madrid, 8 abr (.).- Una decena de acusados son juzgados desde este lunes por adulterar gasóleo además de defraudar unos 6 millones de euros en distintos impuestos, después de que cerca de 130 de los inicialmente encausados haya asumido su culpabilidad o se les haya retirado la acusación.
El pasado 2 de octubre, un centenar de los 140 implicados aceptó las conclusiones del ministerio público y aceptó las penas y multas propuestas por la Fiscalía, entre ellos los miembros de la familia Simón, presuntos cabecillas de la trama.
A ellos se han sumado hoy otros ocho; además, la abogacía del Estado ha retirado la acusación que pesaba sobre una veintena de ellos, en algunos casos por haberse extinguido la empresa defraudadora, y en otros porque las cuotas eran insuficientes para mantener los cargos.
Según el relato de la abogacía del Estado, suscrito en todos sus términos por la Fiscalía, los acusados, actuando de común acuerdo y de manera coordinada, formaban parte de un grupo que llegó a crear hasta nueve tramas que operaban a través de un complejo empresarial de personas y sociedades interconectadas entre sí que venía operando desde 2009 en gran parte del territorio nacional, según sostiene la Fiscalía.
El grupo defraudó más de 6 millones en el pago de impuestos (especiales, IVA y sociedades) entre 2012 y 2014, añade el ministerio público.
El fraude consistía en la adquisición de gasóleo en régimen suspensivo, que se almacenaba y transformaba para posteriormente comercializarlo como partidas de gasóleo B (agrícola) tras haber añadido el marcador y trazador preceptivo.
Posteriormente, este se comercializaba y, una vez modificado, el combustible se vendía como si fuese gasóleo A de uso general (para automoción) y no se ingresaba el beneficio obtenido con esta venta a fin de eludir impuestos.
El combustible era desviado a una extensa red de clientes (estaciones de servicio de transporte) distribuidos en gran parte del territorio nacional sin la aplicación de los impuestos respectivos.
Estas empresas no abonaban el IVA al tiempo que obtenían el producto más barato al no liquidar impuestos.
Al mismo tiempo, el destino del gasóleo desviado se justificaba con envíos falsos a empresas autorizadas de tal manera que se pagaban los Impuestos Especiales al tipo reducido y no al tipo pleno que correspondía. La recepción de facturas falsas por parte de otras empresas les suponía importantes deducciones en el impuesto de IVA y de Sociedades.
En concreto, el escrito de la fiscalía cifra en 2,6 millones las cuotas defraudadas en los Impuestos Especiales entre los años 2012 y 2014, en 2,5 millones el importe defraudado en concepto de IVA y en más de 1,1 millones en el Impuesto de Sociedades.
El fiscal les acusa, además, de pertenencia a organización criminal y pide para algunos de sus integrantes penas de prisión que van desde un mes a un máximo a 4 años.
Por delito contra la Hacienda Pública la fiscalía pide también hasta 4 años de prisión, multas e inhabilitaciones, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y de tener beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante años.
Asimismo, imputa a varios integrantes un delito continuado de falsedad en documento mercantil.