María Vicente
Madrid, 11 dic (.).- El año acaba con la tasa de paro por debajo del 15 % y con más de 19,5 millones de ocupados, cifras no logradas desde hace una década pero sustentadas en una elevada temporalidad y sin una verdadera recuperación salarial.
En este contexto, destaca el acuerdo entre patronal y sindicatos para subir salarios y el pacto político para situar el salario mínimo interprofesional en 900 euros en 2019, con el debate de fondo para una futura reforma de las pensiones que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo y la sostenibilidad del sistema.
La moción de censura presentada por el socialista Pedro Sánchez contra el Gobierno de Mariano Rajoy se saldó a mitad de año con una nueva ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en sustitución de Fátima Báñez.
Pero con ninguna de las dos ministras ha avanzado apenas este año el diálogo social -entre Gobierno, patronal y sindicatos- que continúa con multitud de mesas abiertas y prácticamente sin ninguna decisión adoptada, ni con consenso ni sin él.
Cabe destacar, como excepción, el Plan de Choque por el Empleo Joven, aprobado hace unos días tras ser consensuado con los sindicatos y con la patronal, a la que arrancaron "in extremis" su luz verde al acuerdo.
Una de estas mesas de diálogo social precisamente trata de abordar con los agentes sociales la suficiencia y sostenibilidad del sistema de pensiones, pero está en punto muerto, ya que las medidas que quiere poner en marcha el Gobierno están a la espera también de que concluyan los trabajos de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.
Tras el fracaso de la reforma de las pensiones que sacó adelante sin consenso ni social ni político el Gobierno popular en 2013, Sánchez es consciente de que cualquier cambio de esta índole ha de contar con el visto bueno de patronal y sindicatos, pero también de la unanimidad de los grupos parlamentarios, si es posible.
Pero las negociaciones avanzan muy lentas y tras dos años de reuniones, el Pacto de Toledo apenas ha logrado consensuar un par de recomendaciones, la más importante, la segunda, que contempla volver a indexar la revalorización anual de las pensiones a la inflación.
Ya los presupuestos para 2018, presentados en abril por el Gobierno popular y aprobados en julio por el socialista, recogieron una subida de las pensiones del 1,6 % de manera general y del 3 % en el caso de las mínimas.
El aumento fue pactado por PP y PNV tras las multitudinarias manifestaciones de pensionistas que se sucedieron en la primera mitad del año, lo que supuso saltarse el índice de revalorización impuesto en la reforma de 2013, en virtud del cual las pensiones llevaban cuatro años subiendo el 0,25 %.
El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones ha sido uno de los objetivos de la ministra Valerio, que ha defendido la necesidad de indexarlas al IPC real y ha anunciado que tendrá en cuenta la inflación de diciembre para el cálculo de una paga compensatoria que se abonará a principios de 2019.
Con todo ello, el año termina con una Seguridad Social que arrastra un déficit que roza los 19.000 millones de euros, lo que ha obligado al Gobierno a sacar otros 3.000 millones del Fondo de Reserva para hacer frente a la doble paga de diciembre.
Esto deja la llamada "hucha de las pensiones" con poco más de 5.000 millones, a la espera de la puesta en marcha de medidas destinadas a incrementar ingresos y eliminar gastos.
En cuanto a la política laboral, tras medio año de Báñez al frente del Ministerio sin grandes medidas, Valerio tomaba las riendas renunciando a su intención de derogar la reforma laboral por la adversa aritmética parlamentaria, pero manteniendo la intención de "retocarla".
Más avances se han producido en la negociación colectiva entre patronal y sindicatos, que lograron cerrar un acuerdo a tres años con un alza salarial del 2 %, más un 1 % variable, así como un salario mínimo en convenio de 14.000 euros anuales a lograr "de manera progresiva" en el trienio.
Este pacto avanzaba en la línea del acuerdo sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) que cerró el Gobierno del PP con los agentes sociales a finales de 2017 para situarlo este año en los 735,90 euros mensuales.
No obstante, dicho acuerdo tripartito se vio superado posteriormente con el pacto entre el Gobierno de Sánchez y Podemos para elevarlo a 900 euros en 2019, algo que ha sido criticado desde la CEOE por "orillar" a los empresarios.
Ha sido el recién nombrado presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha dado el relevo a Juan Rosell, quien ha criticado al Gobierno por "saltarse" la opinión de los agentes sociales poniendo en riesgo la posibilidad de sacar adelante cambios laborales con el apoyo empresarial.
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