Madrid, 2 jul (.).- El Gobierno aspira a que la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que sustituirá al articulado de 1992, pueda aprobarse a lo largo del último trimestre de este año, una vez supere el trámite parlamentario tras su paso por el Consejo de Ministros.
Por lo pronto, el Ministerio de Industria y Turismo ha publicado este martes el texto del anteproyecto de ley, que hasta el próximo jueves 11 de julio se someterá al trámite de audiencia e información pública a fin de recabar la opinión de los agentes más representativos que se verán afectados por la futura norma.
A continuación, se consultarán tanto al Consejo Económico y Social, como a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Agencia Española de Protección de Datos y al Consejo de Estado.
Fuentes del Ministerio prevén que estos órganos vayan trasladando sus informes entre julio y principios de septiembre, para después elevar el documento al visto bueno del Consejo de Ministros.
Superado este trámite, posiblemente en septiembre, comenzaría el trabajo parlamentario. Las mismas fuentes admiten que el objetivo sería poder aprobar el texto a lo largo del último trimestre de este año.
Consulta pública
La industria manufacturera (excluido el sector energético) representa el 11,6 % del PIB de la economía española, un porcentaje inferior a los países del entorno, explica el departamento que dirige Jordi Hereu en el resumen de la consulta pública.
Esto supone que existe un "recorrido importante de crecimiento" para dar respuesta a los retos del contexto actual.
También para resolver las vulnerabilidades manifestadas en los últimos años, como la crisis derivada de la pandemia de la COVID, la invasión rusa de Ucrania y la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos (IRA), que provocó la reacción de la Comisión Europea para mejorar la competitividad de su industria.
Para incorporar estas nuevas realidades y a fin de transformar la economía española hacia un modelo "más verde y sostenible", se plantea la revisión de la Ley de Industria a través de una nueva disposición con rango de ley.
Y es que "la profundidad de los cambios que se han de incorporar, que afectan profundamente a la estructura del texto anterior, hacían imposible introducirlos en este último con un mínimo rigor en la técnica normativa".