Madrid, 5 abr (.).- El Gobierno mantendrá la bonificación del 45 % en las cuotas a la Seguridad Social para familias numerosas que contraten empleadas del hogar, de acuerdo con una enmienda de PSOE y Sumar en el proyecto de ley de transposición de la directiva de condiciones laborales transparentes y previsibles.
La enmienda, registrada a finales de marzo, recoge que las bonificaciones por la contratación de personas cuidadoras en familias numerosas que se estuvieran aplicando el 1 de abril de 2024 "se mantendrán hasta la fecha de efectos de la baja de las personas cuidadoras que den derecho a las mismas en el Régimen General de la Seguridad Social".
En abril vencía la prórroga de esta bonificación dada hace un año, con el objetivo de haber tenido desarrollado el reglamento con el nuevo esquema de bonificaciones, algo que aún no ha sucedido.
A falta de ese reglamento, el Gobierno vuelve a extender esta bonificación sin fijar ahora fecha para tener ese nuevo esquema.
La intención es que, una vez se apruebe el proyecto de ley, la extensión tenga efecto retroactivo desde el 1 de abril, explican fuentes del diálogo social.
Así, los contratos realizados en el periodo de tiempo que medie entre el fin de la prórroga y la aprobación de la extensión podrán esperar a que la Seguridad Social se lo aplique de oficio o reclamar el diferencial de la bonificación.
En la actualidad existe una reducción general del 20 % en la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes al dar de alta a una empleada de hogar, que se amplía hasta un 45 % mediante una bonificación para familias numerosas.
La intención del Gobierno, recogida en el decreto ley de septiembre de 2022 que estableció el derecho a la protección por desempleo para las empleadas de hogar, era modular estos beneficios en función de unos "requisitos de patrimonio de la unidad familiar o de convivencia de la persona empleadora".
Los términos y condiciones de este nuevo esquema de bonificaciones debía fijarse reglamentariamente antes de abril del año pasado, pero ante la imposibilidad de hacerlo a tiempo, el Gobierno se dio un plazo de un año que ahora volvía a vencer.
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