Madrid, 14 jul (.).- El titular del juzgado central de instrucción nº 4, José Luis Calama, ha prorrogado seis meses, hasta el 29 de enero de 2023, la instrucción de la causa que investiga a los dos últimos equipos directivos del Banco Popular (BME:POP), iniciada en octubre de 2017.
En auto fechado este jueves al que ha tenido acceso Efe, Calama destaca que en principio la instrucción debía finalizar el próximo 29 de julio, y atiende al criterio de la Fiscalía, que el pasado 1 de julio informó de la necesidad de una prórroga dada la complejidad de la instrucción.
El ministerio público entiende que dicha necesidad deriva entre otros motivos de la documentación pedida al Santander -entidad que se hizo con el Popular al precio simbólico de un euro- que no se ha aportado aún, lo que "no presupone resistencia, obstáculo o despreocupación por parte del banco, sino constatación de su volumen y complejidad, que dificulta su localización y ordenación".
Dicha documentación, prosigue la Fiscalía, "es de indudable valor para el esclarecimiento de los hechos y, solo después de su estudio es posible determinar y concretar las diligencias necesarias que de ella puedan derivar", ya sean nuevas pruebas periciales, informes o testimonios.
En su auto, el juez Calama recuerda que están pendientes de ratificación dos informes periciales ya presentados por los peritos del Banco de España; uno de ellos, relativo al denominado entramado THESAN, de fecha 29 de noviembre de 2021, y otro, de fecha 13 de junio de 2022, que amplía el informe pericial de 8 de abril de 2019.
La ratificación de estos dos informes está señalada para los días 14 y 15 de septiembre de 2022, aclara el juez, que añade que existe además otro informe pericial pendiente de ratificación de fecha 14 de diciembre de 2021 y una pericia pendiente de finalización.
Asimismo, el magistrado señala que debe pronunciarse sobre ciertas diligencias solicitadas por las partes, decisión pospuesta hasta el análisis de diversos informes, y sobre la solicitud del Banco Santander (BME:SAN) acerca de su exclusión del procedimiento como responsable civil subsidiario, tras una sentencia del Tribual de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 5 de mayo.
La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ángel Ron y su sucesor al frente de la entidad, Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.
El juez abrió entonces dos piezas separadas, una que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.
Asimismo, el juzgado central de instrucción nº 1 investiga ya la ampliación de capital de 2012, tras ser admitida una querella de Durán & Durán Abogados por presunta estafa a inversores.