Madrid, 14 jul (.).- El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno se ha dado de plazo hasta el 28 de enero de 2023 para completar las diligencias pedidas por la Fiscalía en relación con la querella presentada en 2017 contra Abengoa (BME:ABGek) y varios exdirectivos por supuesta falsedad contable y estafa a inversores.
El pasado 1 de julio, en un auto al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado central de instrucción nº 2 prorrogó seis meses el plazo de instrucción, para poder analizar los documentos incautados durante el registro realizado en abril de 2021, para lo cual se han designado dos peritos de la Intervención General del Estado.
La querella, a la que aún se pueden adherir posibles afectados, fue presentada por la Plataforma de Perjudicados por Abengoa, representada por el despacho de abogados Ius+Aequitas, y se dirige contra el expresidente de la multinacional sevillana Felipe Benjumea, su consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, las exconsejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde, y el socio auditor de Deloitte, Manuel Arranz, así como contra Abengoa y Deloitte como personas jurídicas.
El magistrado tiene "elementos de juicio bastantes" como para considerar "la posible alteración contable con efectos perjudiciales para sus socios, accionistas inversores" de las cuentas de Abengoa, Abengoa Solar y Abengoa Bioenergía "al menos" de los ejercicios 2014 a 2016.
El juez detecta una "notable alteración" de la apariencia de la situación económico-financiera de la compañía, por la "sistemática ocultación de sustanciales pérdidas (deterioros) de sus activos, así como la inclusión de certificaciones de obras no suficientemente acreditadas".
Las sospechas iniciales "se han materializado tanto en concretas operaciones contables de ocultación como de afloramiento de activos inexistentes de tal calado que exigen las pertinentes aclaraciones por vía de justificación documental", añade.
El juez Moreno destaca la "súbita situación de iliquidez experimentada en el período julio-septiembre 2015 que lleva a la declaración de la entidad en pre-concurso de acreedores" así como la fallida operación de ampliación del capital de 650 millones y las "absurdas explicaciones acerca de la utilidad de tal ampliación".
En su informe, la Fiscalía insta a investigar los "súbitos deterioros" en las cuentas anuales de 2015 de Abengoa, gastos por deterioro de participaciones y créditos de 1.207 millones, así como 6.036 millones en las cuentas consolidadas de 2016.
También, si Deloitte "disponía o debía disponer (o no)" de la información precisa para detectar y en su caso reflejar en el informe de auditoría las mayores necesidades de capital de "proyectos de alta rentabilidad pero muy exigentes en capital en Brasil, Chile y México", que provocaron un ajuste de provisiones de 700 millones.
Asimismo, la Fiscalía quiere aclarar si la pérdida de valor de 840 millones de euros de seis plantas termosolares -por la reforma energética acometida en España en 2013- debió reflejarse en las cuentas, y aclarar el papel desempeñado por Deloitte y su socio auditor, Manuel Arranz, que fue objeto de una sanción del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).