Madrid, 25 jul (.).- El empresario mexicano Antonio del Valle, que fuera principal accionista del Banco Popular (BME:POP) con un 4,2 % del capital, ha pedido al juez que investiga a los dos últimos equipos directivos de la extinta entidad el archivo de la causa, tras llegar a la conclusión de que las cuentas eran correctas.
En un escrito dirigido al juez instructor, José Luis Calama, al que ha tenido acceso Efe, Del Valle, que perdió con la desaparición del banco cerca de 550 millones de euros, pide el sobreseimiento, dice que las cuentas del Popular eran correctas y apunta a la declaración de inviabilidad del banco como un momento "anómalo" y no consentido por el Consejo.
Tras la prolongada instrucción, Del Valle concluye que "la entidad cumplió siempre las ratios regulatorias de capital y liquidez, no existiendo incumplimiento de ningún tipo", y las cuentas anuales de 2015, últimas publicadas antes de la ampliación de capital, y las cuentas anuales de 2016, expresaron la imagen fiel de la entidad".
El documento recuerda la sentencia de la salida a Bolsa de Bankia (BME:BKIA), en la que resultaron absueltos todos los directivos de la entidad, y que fue posteriormente ratificad por el Tribunal Supremo.
En aquel caso, como en el del Popular, "qué duda cabe de que, si no puede condenarse a consejeros ejecutivos de una compañía en ausencia de prueba de cargo por el mero hecho de ostentar dicho cargo, mucho menos podrá hacerse a consejeros externos no ejecutivos".
No se les puede condenar sólo por el hecho de ser consejeros, afirma el escrito.
En todo momento, la actuación de los consejeros del Banco actuaron conforme a las normas, y además de la supervisión de la entidad, contaron en todo momento con el asesoramiento técnico y jurídico de los auditores, bancos de inversión y asesores jurídicos más reputados y consolidados del país, indica.
"Los consejeros de Banco Popular declararon, por tanto, la inviabilidad del Banco sin que previamente, por parte de los asesores asistentes al Consejo de 6 de junio de 2017, se les explicaran las verdaderas consecuencias que dicha declaración de inviabilidad implicaba".
El pasado 10 de mayo, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya desestimó el arbitraje presentado por Del Valle y otros inversores por la resolución del Popular, en la que reclamaban al Reino de España 700 millones de euros.
Pero el laudo, favorable a España, rechazó todas las pretensiones de los demandantes, validando las acciones realizadas por las instituciones a nivel comunitario y nacional, y confirmando que fue acertada y legal.
El titular del juzgado central de Instrucción número 4, José Luis Calama, investiga desde 2017 a los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ángel Ron y su sucesor al frente de la entidad Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.
Calama abrió entonces dos piezas separadas, una que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital de 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.