Londres, 26 ene (.).- David Charters, el presidente de CRF I, que reclama el pago de deuda soberana cubana de los años 80, aseguró este jueves en un juicio en Londres que el grupo inversor "es demasiado pequeño" para ser considerado "un fondo buitre".
Charters testificó ante la jueza Sara Cockerill de la sala Comercial del Tribunal Superior, que debe determinar en un proceso de varios días si CRF es el acreedor legítimo de unos títulos de deuda por valor de 72 millones de euros derivada de contratos de préstamo suscritos por el Gobierno de Fidel Castro con dos bancos europeos en 1984.
El Banco Nacional de Cuba (BNC) y la República de Cuba, demandados en este caso, rechazan reconocer a CRF como acreedor al considerarlo un fondo buitre cuyo objetivo es litigar para forzar el pago de la deuda.
Juzgan por tanto inválida la autorización concedida el 25 de noviembre de 2019 por el entonces director de operaciones del BNC, Raúl Olivera Lozano, hoy encarcelado, para poner a nombre de CRF unos bonos que hasta entonces custodiaba el ICBC (HK:1398) Standard Bank, filial británica del chino ICBC.
El presidente del grupo registrado en 2009 en las islas Caimán, que posee en total 1.200 millones de euros en posiciones de deuda pública de Cuba, aseguró que no tienen "los recursos ni el tamaño" para ser calificados de "fondo buitre" y mantuvo que no son comparables al más potente Elliott Management que en 2016 persiguió a Argentina.
Charters dijo que la opción judicial "no es atractiva, pues es lenta y cuesta tiempo y dinero", y solo se utiliza "cuando no hay alternativa".
Insistió en que CRF I trató infructuosamente desde 2013 de negociar una reestructuración de la deuda con el Estado cubano y eventualmente decidió ir a juicio porque "los inversores estaban perdiendo la paciencia".
La abogada de la parte cubana, Alison Macdonald, alegó que la oferta de reestructuración lanzada en enero de 2018, después de que Cuba hubiera sido asolada por el huracán Irma, "se programó para aprovecharse de un país empobrecido tras una catástrofe natural", lo que CRF rebatió.
Tras las declaraciones factuales de los últimos días, han empezado en este proceso los testimonios periciales, iniciados, para la parte cubana, por Juan Mendoza Díaz, profesor de Derecho Procesal en la Universidad de La Habana, que será interrogado sobre las normas que regulan el BNC a fin de establecer si fue legal la autorización de cesión de los derechos contractuales aprobada por Olivera en 2019.