Madrid, 5 oct (.).- La sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por el Banco Santander (BME:SAN) en el que pedía que se le excluyera como responsable civil de la causa en la que se investiga a los dos últimos equipos gestores del Banco Popular (BME:POP).
En un auto fechado ayer, la Sala desestima el recurso que presentó el Santander contra la decisión del juez instructor, José Luis Calama, en la que rechazó, en primera instancia, excluir a la entidad del procedimiento.
El banco que preside Ana Botín hizo la solicitud poco después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acordara que los accionistas que sufrieron pérdidas por la resolución del Banco Popular no podían reclamar compensación al Santander.
En su auto, los magistrados indican que la resolución del TJUE se refiere a acreedores y deudores, pero no a aquellos que pudieran resultar perjudicados por los "avatares" de las conductas delictivas cometidas por una persona jurídica posteriormente transformada, que ha dado lugar a un procedimiento penal que se encuentra en fase de instrucción.
De este modo, los accionistas que hayan adquirido títulos en el marco de una oferta pública de suscripción emitida por una entidad de crédito o una empresa de servicios de inversión, antes del inicio de tal procedimiento de resolución, carecerían de legitimación activa sustancial para ejercitar las acciones de responsabilidad por la información contenida en el folleto y de nulidad del contrato de suscripción de acciones.
Dicha sentencia del TJUE no puede ser utilizada como "patente de corso" frente a cualquier reclamación, en todos los órdenes jurisdiccionales, cualquiera que sea su naturaleza; además, la cuestión prejudicial a la que da respuesta la mencionada sentencia del TJUE se gestó en el seno de un proceso civil, por el ejercicio de unas concretas y determinadas peticiones de reparación.
No cabe "una aplicación automática, sin más, de la doctrina sentada por el TJUE a supuestos que no son análogos", añade el auto.
Más que "extemporánea", como calificó la Fiscalía la pretensión del Santander, la Sala la considera "prematura y precipitada", ya que ni siquiera ha concluido la fase de instrucción.
La causa que instruye el titular del juzgado central de Instrucción número 4 comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ángel Ron y su sucesor al frente de la entidad Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.
El juez abrió entonces dos piezas separadas, una que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital de 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.
En paralelo, el juzgado central de Instrucción número 5 asumió la querella de Durán & Durán Abogados por presunta estafa a inversores en la ampliación de capital de 2012.