Bruselas, 11 jun (.).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tramitará por el procedimiento acelerado el recurso planteado por Hungría y Polonia contra la nueva regulación que condiciona la recepción de fondos comunitarios a que se respete el Estado de Derecho, según anunció hoy la corte en Twitter.
Este procedimiento permite a los jueces de Luxemburgo dar prioridad absoluta al caso y reducir los plazos, que habitualmente pueden ser de años pero por esta vía podrían rebajarse a algunos meses.
La nueva regulación permitirá por primera vez paralizar el desembolso de fondos comunitarios cuando se detecten violaciones de principios del Estado de Derecho -como la independencia judicial, la igualdad ante la ley o la separación de poderes- que afecten de un modo suficientemente directo al buen uso de los fondos europeos o a los intereses financieros de la UE.
Aunque formalmente entró en vigor el 1 de enero, el TJUE está estudiando su legalidad después de que Hungría y Polonia, principales opositoras del mecanismo por considerar que va dirigido contra ellas, recurrieran para pedir su anulación alegando que viola los tratados comunitarios.
La Comisión Europea anunció que esperará a conocer el veredicto judicial antes de empezar a aplicarla, algo que espera poder desde principios del próximo otoño, según explicó esta semana el comisario de Presupuestos, Johannes Hahn.
Además, el Ejecutivo comunitario está elaborando unas directrices para especificar cómo se aplicará la regulación y dar garantías de que se hará de forma imparcial entre países, y tiene previsto presentar el borrador en los próximos días para recabar la opinión de los Estados miembros y la Eurocámara.
Esta última, que había pedido acelerar el procedimiento judicial, ha criticado a la Comisión por no aplicar todavía este mecanismo pese a que la legislación ya está en vigor y este mismo jueves aprobó una resolución en la que advierte de que, si no actúa, la llevará ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La Comisión ha insistido ante estas críticas en que ninguna infracción cometida desde el 1 de enero quedará sin penalizar puesto que la regulación se aplicará con carácter retroactivo y ya están analizando posibles violaciones del Estado de Derecho, de modo que llegado el momento estén listos para tomar medidas si hay motivos para ello.
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