Luxemburgo, 12 jun (.).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó este lunes que España se va a abstener en la reunión de titulares de Empleo de la Unión Europea (UE) que intenta alcanzar hoy un acuerdo sobre el proyecto de directiva que pretende mejorar las condiciones laborales en plataformas digitales como Uber (NYSE:UBER).
España ya se opuso a la directiva en diciembre, durante otra reunión de titulares de Empleo de los Veintisiete, al considerar que el texto legislativo había perdido ambición y se había devaluado en lo referente a la protección de los trabajadores durante las negociaciones entre los países, en comparación con la propuesta inicial de la Comisión Europea.
Si los ministros logran un acuerdo el lunes, después podrán comenzar las negociaciones con la Eurocámara, colegislador de la UE junto a los países. De esas conversaciones saldrá el texto legislativo definitivo.
"Nuestra posición va a ser la abstención en el día de hoy, pasará a trílogos (las negociaciones entre los países y la Eurocámara, con la participación de la Comisión Europea) y esperemos que sea mejorada la posición", aseguró Díaz en declaraciones a los medios durante la reunión de ministros de Empleo de los Veintisiete que se celebra hoy en Luxemburgo y en la que los países buscan una postura común sobre el expediente legislativo.
Díaz adelantó que España va a firmar una declaración "con otros países que comparten la posición española" de exigir más ambición en la directiva a la hora de proteger los derechos laborales.
Preguntada por si la decisión de España de abstenerse se debe a que da por hecho que este lunes saldrá adelante un texto menos ambicioso del que Madrid busca, Díaz reconoció que no se atreve a hablar del "resultado final", ya que en diciembre el debate entre los países "duró muchísimas horas, fue muy intenso y hubo variaciones en las posiciones".
"Tenemos una visión de lo que puede pasar, pero no me atrevo a decirlo hasta que realmente escuche todas las posiciones", señaló.
Díaz recalcó que para el Gobierno de España "es imprescindible compatibilizar el trabajo, la economía digital, con los derechos humanos y con los derechos laborales".
"Un joven en una bicicleta y con una aplicación en su mano no es un emprendedor en absoluto, no reúne ninguna de las condiciones de serlo y merece, por tanto, toda la protección con identidad de derechos laborales", comentó.
Resaltó que los tribunales europeos, "los tribunales de los Estados miembros y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha dictado una doctrina acerca del concepto de subordinación".
"Es muy poco comprensible que el texto (legislativo que debaten los países) devalúe la posición que los propios tribunales europeos están aflorando acerca de los derechos laborales que deben tener estos trabajadores y estas trabajadoras. Digamos que está fuera del sentido común y en términos democráticos es muy difícilmente comprensible", expuso.
El Ejecutivo comunitario presentó en diciembre de 2021 el proyecto de directiva, en el que se incluían cinco criterios para determinar si los empleados de plataformas digitales son efectivamente trabajadores por cuenta ajena, con el objetivo de evitar la proliferación de falsos autónomos y garantizar sus derechos laborales.
Entre los criterios figuraba que la empresa establezca el nivel de la remuneración o que supervise la elaboración del trabajo mediante medios electrónicos.
Según la primera propuesta de la CE, si se cumplían al menos dos de las cinco condiciones, se iba a considerar que el individuo es un empleado por cuenta ajena.
Desde entonces, el texto legislativo se ha ido modificando en las negociaciones entre los países hasta llegar a la propuesta de la presidencia sueca de la UE que debaten hoy los ministros.
Según fuentes comunitarias, ese texto contiene siete criterios y para considerar al individuo un empleado por cuenta ajena deben cumplirse al menos tres de ellos.
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