Bruselas, 18 ene (.).- La abogada general de la Unión Europea dio este jueves parcialmente la razón a la estadounidense Intel (NASDAQ:INTC) en la disputa que mantiene contra la Comisión Europea por la multa de 1.060 millones de euros que le impuso en 2009 por considerar que abusó de su posición dominante en el mercado de microprocesadores.
En la opinión que publicó hoy, la abogada general Laila Medina no se pronunció sobre si la compañía estadounidense debe o no pagar la multa, pero sí desestimó dos de los seis argumentos que empleó la Comisión en el recurso que interpuso contra el Tribunal General de la Unión Europea cuando el año pasado anuló la sanción.
En 2009 Bruselas llegó a la conclusión de que Intel había desarrollado una estrategia entre los años 2002 y 2007 para excluir a sus competidores, ofreciendo descuentos a cuatro fabricantes de equipos informáticos (Dell, Lenovo (HK:0992), HP y NEC (TYO:6701)) a cambio de que le comprasen la totalidad o casi la totalidad de los procesadores x86.
También detectó que Intel había efectuado pagos al distribuidor europeo de aparatos microelectrónicos Media-Saturn con la condición de que vendiera exclusivamente ordenadores equipados con procesadores x86 de la marca.
Intel y la Comisión mantienen desde entonces una batalla ante la justicia europea, en la que han ido obteniendo y perdiendo la razón ante los tribunales.
En la última sentencia dictada hasta ahora, el Tribunal General de la UE (TGUE) anuló finalmente la multa al considerar que el análisis que llevó a cabo la Comisión para sancionar a Intel fue incompleto y no permitió demostrar de modo jurídicamente suficiente que los descuentos controvertidos podían o podrían tener efectos contrarios a la competencia.
Y hoy la abogada general confirmó parte de esa sentencia, en lo que respecta a los análisis que la Comisión realizó sobre los descuentos que Intel ofreció a Hewlett-Packard Company (NYSE:HPQ) y Lenovo.
En su recurso, Bruselas alegó que el TGUE había cometido un error al no tener en cuenta el margen de discreción con el que cuenta la Comisión a la hora de analizar asuntos económicos complejos.
En segundo lugar, dijo que no tuvo en cuenta el conocimiento implícito que tenía Intel el período de referencia durante los procedimientos administrativos; en tercer lugar, que infringió el derecho a la defensa de la Comisión y en cuarto lugar, que el TGUE cometió un error sobre la conclusión a la que llegó en relación a todo el periodo de la actuación controvertida.
Sin embargo, la abogada general indicó hoy que ninguno de esos argumentos pueden servir para llegar a la conclusión de que el TGUE no demostró el efecto de ejecución hipotecaria de los reembolsos que Intel concedió a HP entre noviembre de 2002 y mayo de 2005.
Por lo que respecta a Lenovo, la Comisión criticó la evaluación que hizo el TGUE sobre la extensión de la garantía estándar de un año que le concedió Intel y las mejoras en una fábrica en Shenzhen (China).
La abogada general dijo que los argumentos no están bien fundados y deben rechazarse.