Madrid, 23 oct (.).- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado el auto del juez Manuel García Castellón, que había prorrogado hasta enero de 2024 la instrucción de la causa que investiga la relación de BBVA (BME:BBVA) con empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo, atendiendo a la petición de la entidad financiera.
El pasado 25 de julio García Castellón decidió ampliar seis meses, hasta el 29 de enero de 2024, la instrucción de la causa que investiga la relación entre BBVA y empresas vinculadas al excomisario de policía, que expiraba el pasado 29 de julio.
El magistrado atendía así la solicitud de la Fiscalía y del expresidente de la entidad Francisco González, que en sendos escritos habían solicitado ampliar la instrucción, a lo que se opuso el propio banco.
Ahora, la Sala de lo Penal que preside el juez Alfonso Guevara atiende en cambio al criterio de BBVA, que recurrió la prórroga, y en un auto fechado el pasado 20 de octubre al que ha tenido acceso EFE permite al juez García Castellón "practicar las diligencias de investigación acordadas con anterioridad al auto de julio de 2023".
También accede a que el magistrado reciba "las diligencias de investigación igualmente acordadas con anterioridad al auto de 25 de julio de 2023", pero no las acordadas con posterioridad a esa fecha.
"No habrá lugar en ningún caso a una nueva prórroga del plazo de instrucción", concluye la Sala.
La causa investiga el supuesto encargo del banco a Cenyt, empresa vinculada a Villarejo, para averiguar quién estaba detrás del intento de la toma de una participación en BBVA por parte de Sacyr (BME:SCYR) a finales de 2004.
A mediados de 2019 el juez García Castellón acordó la imputación tanto del BBVA como de su expresidente Francisco González en una causa en la que ya figuraban como investigados otros antiguos directivos del banco, como el exdirector de Riesgos del banco Antonio Béjar o el exjefe de seguridad Julio Corrochano.
El magistrado investiga la operación "Trampa", novena pieza separada del "caso Villarejo" que se ocupa de los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco habría encargado al excomisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició, sin éxito, un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad.