Madrid, 10 may (.).- La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ha desestimado el arbitraje presentado por el magnate mexicano Antonio del Valle y otros inversores por la resolución del Banco Popular (BME:POP), en la que reclamaban al Reino de España 700 millones de euros.
El inversor mexicano de origen asturiano consideraba que sus acciones fueron "expropiadas" y acusaba al Gobierno de España de una participación activa en la resolución.
Del Valle sostenía que todo estaba orquestado para que resultara "prácticamente imposible" que alguien que no fuese el Banco Santander (BME:SAN) pudiera pujar por la entidad en el plazo establecido y aseguraba que "existen claros indicios" de que el grupo presidido por Ana Botín estaba al tanto de que sería el ganador.
Pero el laudo favorable a España, del que informa el Ministerio de Asuntos Económicos en una nota, rechaza todas las pretensiones de los demandantes, validando las acciones realizadas por las instituciones a nivel comunitario y nacional, y confirmando que fue acertada y legal.
Asimismo, confirma que la actuación llevada a cabo por el Banco de Central Europeo (BCE) y la Junta Única de Resolución (JUR) fue acertada y legal, condenando en costas a los demandantes.
En junio de 2017, el BCE declaró inviable al Banco Popular, y a continuación el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), al amparo del Mecanismo Único de Resolución de la Unión Europea (MUR), procedió a ejecutar la decisión adoptada por la autoridad de resolución competente, la Junta Única de Resolución (JUR).
El proceso culminó con la venta del Banco Popular, a través de un proceso de subasta, al Banco Santander al precio simbólico de un euro.
La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ha reconocido de forma unánime los argumentos de España, defendidos por la Abogacía del Estado, al validar la actuación de todas las instituciones vinculadas al proceso de subasta del Banco Popular y su adquisición por el Banco Santander: CNMV, Banco de España, FROB y Ministerio de Economía.
Asimismo, concluye que el régimen de resolución establecido permite que la autoridad de resolución aplique soluciones fuera del procedimiento concursal para reestructurar un banco al borde de la quiebra de manera más ágil y rápida.
En línea con el Tribunal General de la Unión Europea, que en 2022 desestimó los recursos presentados por varios accionistas del Banco Popular que solicitaban la anulación de la decisión de la JUR considerando que la decisión había sido ajustada y se había llevado a cabo siguiendo los procedimientos adecuados, el laudo arbitral legitima la actuación realizada a nivel comunitario y nacional.
Tras el laudo dictado, señala Economía en su nota, se constata que "el proceso de resolución del Banco Popular se llevó a cabo de manera ordenada y con un impacto limitado en los clientes y el sistema financiero en general".
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