Madrid, 1 mar (.).- Técnicos de la Agencia Tributaria han objetado en el juicio que se sigue por el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato que este se acogiera a la amnistía fiscal de 2012, ya que no cumplía con los requisitos necesarios y ocultó sociedades
Durante la vigesimoquinta sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid, los peritos de auxilio judicial de la Fiscalía han discrepado con los expertos de Rato sobre la validez de la declaración tributaria especial (DTE) o amnistía fiscal a la que se acogió Rato en 2012.
Rato se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal introducida en la disposición adicional primera del real decreto-ley de marzo de 2012, y declaró ser el propietario de Red Rose Finantial, empresa radicada en Panamá, pero la Agencia Tributara considera que omitió "cualquier referencia a otras sociedades que él mismo tenía".
De este modo, afloró un patrimonio en el exterior de 115.333,50 euros, por los que abonó a la Hacienda española 11.533,35 euros.
Sin embargo, la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), organismo dependiente de Hacienda, sostiene que eludió incluir Red Rose Investment, con sede en Irlanda, y Westcastle, domiciliada en Panamá.
Según el relato de hechos de la Fiscalía, Rato, "lejos de haber regularizado ni administrativa ni, menos aún, penalmente, utilizó en realidad la DTE como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacia años por su patrimonio exterior".
El ministerio público cree que Rato se acogió de forma irregular a la DTE, porque estaba entonces inmerso en u proceso de comprobación por parte de la Agencia Tributaria, lo que le impedía acogerse a la amnistía; también, que fue inexacta al declarar importes que no se correspondían con la realidad, e incompleta al escamotear todas las sociedades de las que era titular.
Asimismo, en el escrito de acusación se lee que con posterioridad a la DTE de 2012, en los ejercicios 2013 y 2014, Rato trajo a España fondos procedentes del extranjero de sociedades que eran de su propiedad en los años a los que se podía aplicar la amnistía fiscal.
Por todo ello, la Fiscalía le acusa de once delitos contra la Hacienda Pública.
Los peritos que han declarado en favor de Rato han explicado que para acogerse a la amnistía fiscal los bienes tenían que haber sido adquiridos antes del 31 de diciembre de 2010, ya que la amnistía entró en vigor en 2012, y el último ejercicio fiscal completo anterior era el de ese año.
Por eso Rato incluyo en la DTE los años 2008 2009 y 2010, pero no se remontó a 2007 porque ya estaba prescrito en aquel momento.
Uno de los expertos ha recordado que en aquel momento la inseguridad jurídica era "descomunal", porque no había precedentes de un proceso de regularización similar anterior.