Madrid, 23 ene (.).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado una querella por estafa presentada el pasado mes de diciembre contra la antigua cúpula de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en relación con la ampliación de capital ejecutada por el Banco Popular (BME:POP) en 2012.
En un auto fechado el pasado 18 de enero al que ha tenido acceso EFE, el magistrado, que ya investiga dos querellas por la ampliación de capital de 2012, dirigidas contra los entonces responsables de la entidad, inadmite la querella al entender que pretende ampliar el objeto de la investigación sin que se hayan incorporado "nuevos elementos que pudieran justificar la ampliación del objeto de la investigación".
El propio escrito de la nueva querella, explica Pedraz, alude a "documentos que están incorporados en diligencias previas desde el inicio de su tramitación", tras las cuales el juez presume "la posible existencia de una infracción penal".
Pero como "en las referidas actuaciones hay una íntima conexión con los hechos objeto de la nueva querella", el juez ha optado por rechazarla y prosigue con la investigación ya en curso.
La querella se dirigía contra los expresidentes de la CNMV Elvira Rodríguez y Julio Segura; los exvicepresidentes Lourdes Centeno y Fernando Restoy; el exsubgobernador del Banco de España y asesor de la CNMV Javier Aríztegui, y el exsecretario del Tesoro y antiguo miembro del consejo del supervisor bursátil Íñigo Fernández de Mesa.
Asimismo, contra las personas físicas integrantes del consejo de la comisión nacional del mercado de valores en el ejercicio 2012, que adoptaron decisiones en dicho consejo en ejercicio de sus funciones, respecto o en relación con el folleto de la ampliación de capital.
En paralelo a la causa que investiga el juez Pedraz, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga desde 2017 a los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ron y su sucesor al frente de la entidad Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.
El juez abrió entonces dos piezas separadas, una que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital de 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.