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Bruselas, 21 dic (.).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó hoy una sentencia que obliga a los bancos españoles a devolver todo lo que cobraron de más por las cláusulas suelo abusivas, lo que suponen más de 4.000 millones para el sector y dan un espaldarazo a miles de hipotecados.
La corte europea se opuso así a la decisión del Tribunal Supremo español que, aunque dictó que las cláusulas suelo eran abusivas por falta de transparencia y las declaró nulas, determinó que los usuarios solo podrían recuperar los intereses que abonaron indebidamente desde la fecha de la sentencia, emitida el 9 de mayo de 2013, y no desde que suscribieron el contrato.
El Tribunal, con sede en Luxemburgo, cree que limitar en el tiempo las devoluciones por la nulidad de las cláusulas hace que la protección de los consumidores sea "incompleta e insuficiente", por lo que "no constituye un método adecuado y eficaz para que cese el uso de cláusulas abusivas".
Los jueces subrayan que la nulidad de la cláusula debe conllevar que se restablezca la situación en la que estaría el consumidor de no haber existido la misma e implica la devolución de las ventajas que obtuvieron las entidades en detrimento de los usuarios.
La sentencia, que no se puede recurrir, pone punto final a uno de los casos más representativos de la crisis financiera en España y sienta las bases para que los tribunales nacionales, incluido el Supremo, diriman las miles de demandas que tienen pendientes.
Aunque no hay cifras exactas, según diferentes cálculos, unos dos millones de personas pagaron entre 3.000 y 6.000 euros de más en intereses por culpa de estas cláusulas, que se incluyeron entre el 30 % y 40 % de las hipotecas en España.
Devolver estas cantidades les costará a las entidades algo más de 4.000 millones de euros, según datos revelados hoy por el Banco de España.
BBVA (MC:BBVA) ya ha anunciado que dotará 404 millones para ello, mientras que Banco Popular (MC:POP) cifra su coste en 334 millones, Unicaja en 150 millones y Liberbank (MC:LBK) en 83 millones.
La Asociación Europea de Banca aseguró que las entidades acatarán una sentencia cuyo reflejo ha sido inmediato en la Bolsa española, con caídas generalizadas en el sector que han llegado hasta el 13,71 % para Liberbank y al 6,81 % en Popular.
El temor a la repercusión que pudiese tener esta devolución masiva marcó en 2013 la decisión del Tribunal Supremo, que tuvo en cuenta los riesgos para el entonces frágil sistema bancario, que acababa de recibir un rescate europeo del que se utilizaron 41.333 millones.
El Abogado general del Tribunal, el italiano Paolo Mengozi, también se basó en estas "repercusiones macroeconómicas" cuando en julio recomendó a la corte que rechazase la retroactividad.
Sin embargo, el Tribunal sorprendió hoy alejándose de la línea pautada por el letrado, contrariamente a lo que ocurre en la mayoría de los casos, para respaldar a unos consumidores cuyas perspectivas, a priori, eran poco halagüeñas.
La Comisión Europea (CE) valoró que la corte busque garantizar la protección de los consumidores, pero avisó de que "seguirá de cerca" lo que ocurra en un sector bancario español que ha reforzado "su solidez financiera" desde la crisis.
Las asociaciones de consumidores recibieron la sentencia como un "gran triunfo", en palabras del presidente de la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), Manuel Pardos.
No obstante, se preparan ya para el camino que aún deberán recorrer hasta tener su dinero de vuelta en sus bolsillos, que pasa por pactar con los bancos o ir a juicio.
La OCU pidió a las entidades que devuelvan "de oficio" las cantidades cobradas indebidamente, pero aseguró que ayudará a los afectados a demandar "si no tuvieran más remedio que acudir a la vía judicial".
El Gobierno anunció que trabaja ya con el PSOE para facilitar que el reintegro a los hipotecados de las cantidades cobradas de más, aunque el ministro de Justicia, Rafael Catalá, advirtió de que son las propias entidades las que deben llegar a acuerdos con sus clientes.
La sentencia, recordó la Organización Europea de Consumidores, no solo supone una "gran victoria" para los consumidores españoles, sino también para los europeos, que "luchan contra estas cláusulas en muchos países" y ahora podrán aferrarse a este veredicto.
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