Madrid, 4 sep (.).- El acto de apertura del año judicial 2022-2023, el próximo miércoles, marca el inicio de un periodo en el que la crónica económica de tribunales seguirá centrada en los vínculos del excomisario Villarejo con algunas de las grandes empresas del IBEX.
Asimismo, proseguirán las investigaciones sobre los dos últimos equipos gestores del extinto Banco Popular (BME:POP) y el rescate de la aerolínea Plus Ultra, además de la esperada respuesta del Tribunal Supremo al recurso contra la absolución del expresidente de Bankia (BME:BKIA), Rodrigo Rato, por la salida a Bolsa de la entidad, así como el juicio sobre el origen de su fortuna.
IBERDROLA
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga si Iberdrola (BME:IBE) contrató al excomisario por un millón de euros entre 2004 y 2012 para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico con su gestión, ha prorrogado hasta enero de 2023 la instrucción del caso.
En él figuran como investigados Villarejo, su socio Rafael Redondo y el que fuera jefe de Seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, una vez apartado de la misma el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por prescripción.
La última resolución del magistrado data de finales de julio, cuando el titular del juzgado central de instrucción nº 6 acordó la citación del Estado como responsable civil subsidiario de los delitos cometidos por el excomisario mientras se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía.
REPSOL Y LA CAIXA
García Castellón también investiga la relación de Repsol (BME:REP) y CaixaBank (BME:CABK) con Villarejo en la contratación de Cenyt, empresa vinculada al policía, para investigar el intento de toma de control sobre la petrolera por Sacyr (BME:SCYR) y Pemex.
A mediados de junio el juez decidió el archivo provisional de la investigación al presidente de Repsol, Antonio Brufau, al que fuera su homólogo en CaixaBank, Isidro Fainé, y a las dos cotizadas como personas jurídicas, decisión que ha sido recurrida por la Fiscalía Anticorrupción.
Figuran como procesados el propio excomisario; su socio Rafael Redondo; el exjefe de Seguridad de Repsol, Rafael Araujo; el que fuera su "número dos", Rafael Girona; el exresponsable de Seguridad en CaixaBank, Miguel Ángel Fernández Rancaño, y el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño.
BBVA (BME:BBVA)
La operación "Trampa", novena pieza separada del caso Villarejo, se ocupa de los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el BBVA habría encargado al excomisario desde 2004, momento en el que la constructora Sacyr inició, sin éxito, un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad.
García Castellón se ha dado también hasta enero de 2023 para proseguir con la instrucción, atendiendo a la petición de la Fiscalía y del expresidente del banco, Francisco González, que figura como investigado.
Entre las diligencias acordadas por el magistrado destaca, aún sin fecha, la declaración como investigado de González, tal y como el banquero pidió en un escrito el pasado 8 de julio; en la causa figuran como investigados otros antiguos directivos del banco, como el exdirector de Riesgos Antonio Béjar, el exjefe de seguridad Julio Corrochano o el ex consejero delegado Ángel Cano.
BANCO POPULAR
También se ha prorrogado hasta enero de 2023 la instrucción de la causa que investiga a los dos últimos equipos directivos del Banco Popular, iniciada en octubre de 2017, con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ángel Ron y su sucesor al frente de la entidad, Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.
El juez abrió entonces dos piezas separadas, una que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.
Asimismo, el juzgado central de instrucción nº 1 investiga ya la ampliación de capital de 2012, tras ser admitida una querella de Durán & Durán Abogados por presunta estafa a inversores.
PLUS ULTRA
En cuanto al rescate de 53 millones de euros otorgado por la SEPI a la aerolínea Plus Ultra, el juzgado de instrucción nº 15 de Madrid debe responder a la petición de archivo efectuada por la compañía.
El pasado mes de abril, la jueza inició diligencias contra el que fuera presidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Bartolomé Lora y el consejo de administración del organismo, tras una denuncia del sindicato Manos Limpias por presunta malversación en el rescate.
(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 14443936 y otros)