Madrid, 27 jul (.).- El Congreso ha aprobado hoy la nueva Ley de Contratos del Sector Público que protegerá a los subcontratistas y permitirá que la Administración pueda pagarles directamente, al tiempo que elimina la cláusula del pacto entre las partes en los plazos de pago.
El proyecto de ley que traspone al ordenamiento jurídico una directiva europea ha sido aprobado por la Comisión de Hacienda, con plena capacidad legislativa, por 20 votos a favor, ninguno en contra y 17 abstenciones (PSOE y Unidos Podemos).
La norma pasará a ser tramitada en el Senado a partir de septiembre y todas las formaciones políticas han destacado el consenso unánime.
De hecho el proyecto de ley recibió 1.081 enmiendas y han sido incorporadas a través de pactos cerca de 975 iniciativas.
La Ley de Contratos del Sector Público establece la obligación de la factura electrónica y la posibilidad de pago directo de la Administración a los subcontratistas si así lo prevén los pliegos, además de que creará una Oficina Independiente que supervisará los contratos y garantizará la libre concurrencia.
Establece un límite a los modificados en los contratos firmados en los pliegos con las empresas privadas, para que no superen el 20 % del importe contratado y obligará a las empresas concesionarias a asumir los riesgos económicos de la construcción y explotación de las obras o servicios que prestan a la Administración.
Las cláusulas sociales y medioambientales están presentes en toda la ley, al tiempo que se reservará un porcentaje de contratos para empresas de inserción laboral y discapacidad.
La ley obliga a trocear en lotes los contratos susceptibles de fraccionamiento para que las pymes puedan acceder a la contratación pública y las empresas de nueva creación no tiene que acreditar trabajos anteriores con la administración para poder acceder a ella.
Además garantiza la posibilidad de rescindir los contratos por impago de salario a los trabajadores y dará mayor transparencia a la publicidad de los contratos menores que rebajan su cuantía.
Otro aspecto es la desaparición de las instrucciones del sector publico, con lo que las entidades públicas deberán someterse a la ley directamente.
Los expedientes de contratación serán públicos con la excepción de la información clasificada o que pusiera en peligro otros derechos, siempre de forma justificada.
La nueva ley también incide en la contratación de los partidos políticos con el sector público.
La directiva europea obligaba a incluir a partidos, sindicatos y asociaciones empresariales, siempre que la mayoría de su financiación provenga de fuentes públicas a recurrir a procedimientos públicos para adjudicar los contratos.
Tampoco podrán ser contratistas de las administraciones públicas los condenados por corrupción entre particulares.
El portavoz del PP en este proyecto de ley, José Vicente Marí, ha remarcado que es una ley donde el diálogo sincero se ha dado con naturalidad.
La diputada del PSOE María Jesús Serrano ha argumentado que su grupo se abstiene porque desaparece la figura del contrato de gestión de servicio público que siempre va ligada a contratos sociales o de educación.
La portavoz de Unidos Podemos Auxiliadora Honorato ha destacado que para determinados contratos se establezca que el 51 % de los criterios de adjudicación se fije en la calidad y no en el precio.
El diputado de Ciudadanos Fernando Navarro ha incidido en la creación de la Oficina Independiente de supervisión de la contratación del sector público, que estará formada por un presidente y cuatro vocales con más de diez años de experiencia.
Esta Oficina o Autoridad independiente trabajará durante 6 años, periodo que rompe los ciclos electorales y vigilará que haya efectiva concurrencia.
La diputada de ERC Teresa Jordá ha dicho que la ley primará la economía social y facilitará el acceso de las pymes mientras que la diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha destacado que dará seguridad jurídica.
Desde el PDeCAT Ferrán Bel ha valorado que se establezcan los mismos requisitos en cuanto a informes y procedimientos para la internalización de los servicios que para la externalización y que se haya modificado la ley el IVA en torno a las subvenciones que las administraciones publicas otorgan para financiar servicios públicos, para que no se repercuta en el pago de este impuesto.