Bruselas, 2 may (.).- La Comisión Europea (CE) planteó hoy ligar la recepción de fondos europeos al respeto del Estado de derecho en los Estados miembros, después de que en los últimos años países como Hungría o Polonia hayan aprobado polémicas leyes criticadas desde Bruselas.
El Ejecutivo comunitario incluye esa iniciativa en su propuesta para el próximo presupuesto plurianual de la Unión Europea (UE), que cubrirá el periodo 2021-2027.
Mediante el nuevo mecanismo, la UE podrá suspender, reducir o restringir el acceso a la financiación comunitaria "de forma proporcional a la naturaleza, gravedad y alcance de las deficiencias del Estado de derecho", afirmó la CE en un comunicado.
La propia Comisión Europea propondría tal decisión y el Consejo (los países) la adoptaría por mayoría cualificada inversa, de modo que la propuesta de la CE se consideraría adoptada por los Estados a menos que estos decidan, por mayoría cualificada, rechazar la iniciativa del Ejecutivo.
Esa opción pretende evitar el veto de países que podrían ver recortado su acceso a los fondos.
La suspensión o reducción de la financiación se invocará cuando "una deficiencia generalizada relativa al Estado de derecho" en un país miembro "ponga en peligro" el funcionamiento de las autoridades encargadas de implementar el presupuesto o el de la investigación y la actuación de la Fiscalía en casos de fraude o corrupción relacionados con las cuentas.
La CE añadió que también sería posible aplicarla cuando corra riesgo la revisión judicial efectiva en tribunales "independientes", la prevención y sanción del fraude, corrupción y otras violaciones de la legislación comunitaria sobre el presupuesto, así como la cooperación con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y con la Fiscalía Europea.
Si la Comisión detecta alguna de estas situaciones en un Estado miembro, informará a las autoridades nacionales y el país tendrá un plazo "que no será inferior a un mes" para dar explicaciones.
Después, la Comisión decidirá si aplica o no la sanción y se llevará a cabo la votación en el Consejo.
Las suspensiones, reducciones o restricciones permanecerán en vigor "hasta que las deficiencias sobre el Estado de derecho dejen de existir", señaló el Ejecutivo comunitario.
En cualquier caso, la iniciativa no afectará a los individuos que se benefician de las ayudas, pues los países miembros estarán obligados a implementar los programas afectados por las sanciones y seguir pagando a los estudiantes de Erasmus, los investigadores, la sociedad civil o cualquier otro receptor final.
La CE también indicó que se aplicará esta nueva medida a todos los fondos de gestión compartida de la Unión, además de a los de gestión directa e indirecta donde el beneficiario final es un Gobierno nacional, regional o local, otras instituciones públicas o una organización privada "con una misión de servicio público".
La Comisión Europea activó en diciembre por primera vez en su historia contra Polonia el artículo 7 del Tratado de la UE, como respuesta a la reforma del sistema judicial, mientras que también ha expedientado a Hungría por su ley de ONG, entre otras.
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