Por Nate Raymond y Joseph Ax
NUEVA YORK (Reuters) - El juez estadounidense a cargo del caso entre Argentina y sus acreedores no reestructurados no declaró el jueves en desacato al país por intentar evadir un fallo del tribunal, pero dijo que el plan de Buenos Aires, que cambia la jurisdicción del pago de sus bonos bajo legislación extranjera, es "ilegal".
La petición había sido realizada al juez Thomas Griesa por uno de los demandantes en la causa que llevó a la nación a un impago de deuda y que ahonda sus dificultades financieras.
En una audiencia realizada en Nueva York, el magistrado dijo que la propuesta de cambiar bonos bajo legislación extranjera a jurisdicción argentina, anunciada el martes por la presidenta del país austral, Cristina Fernández, es ilegal y no puede llevarse a cabo, pero no declaró al país en desacato como había amenazado en una audiencia anterior.
"No agrega nada a la escala de un acuerdo emitir una orden de desacato", afirmó Griesa durante la audiencia en Nueva York.
Fernández anunció el martes un proyecto de ley que permitirá a los tenedores de bonos soberanos cobrar su deuda en Argentina, en un intento de sortear el fallo de Griesa que le impide pagar a los acreedores reestructurados si no cancela al mismo tiempo 1.330 millones de dólares más intereses a los llamados 'holdouts', que no aceptaron canjes de deuda en 2005 y 2010.
El abogado del fondo de cobertura NML Capital, uno de los líderes de la demanda, dijo en la audiencia del jueves que las medidas anunciadas por Fernández fueron una "grave afrenta" a la decisión de Griesa.
La propuesta de Argentina para cambiar la jurisdicción de pago busca evadir la orden de la corte, acusó Robert Cohen.
NEGOCIACIÓN POR CLÁUSULA
En medio de la feroz batalla legal del país contra los "holdouts", un grupo de acreedores que poseen títulos reestructurados empezó a trabajar para encontrar una solución a un conflicto que les impidió cobrar el vencimiento de un bono, según un informe de IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
Los bonistas reestructurados están analizando renunciar a la cláusula llamada RUFO, que impide que Argentina ofrezca mejores términos a los acreedores que no participaron en sus canjes de deuda, uno de los obstáculos para que el país llegue a un acuerdo con los holdouts y se libere el pago al resto de los acreedores.
En junio, Griesa bloqueó un pago de 539 millones de dólares a acreedores reestructurados que Argentina depositó en una cuenta del agente de pagos, el Bank of New York Mellon (BONY) (N:BK), aduciendo que el país había violado su orden. Esos fondos aún están esperando su destino en la cuenta del BONY.
La tercera economía de América Latina entró nuevamente en impago cuando las negociaciones con los fondos de cobertura en Nueva York se rompieron y el país no logró cumplir con un vencimiento de su deuda tras la fecha límite del 30 de julio.
Griesa, que ha presidido el caso sobre la larga disputa entre Argentina y los fondos de cobertura -conocidos en Argentina como "fondos buitre"-, ya amenazó con declarar al país en desacato por haber declarado públicamente que honró sus obligaciones de deuda, sin tener en cuenta a los 'holdouts'.
El Gobierno argentino ha dicho que una orden de desacato no tendría consecuencias para el país.
El proyecto para cambiar el lugar de pago de los bonos reestructurados, que será debatido en el Congreso argentino la próxima semana, plantea reemplazar como agente de los pagos al BONY por el estatal Banco Nación.