Natalia Kidd
Buenos Aires, 16 may (.).- El aval del Parlamento argentino al paquete de reformas económicas que impulsa el Gobierno de Javier Milei sigue siendo incierto tras casi cinco meses de inicio de su tratamiento legislativo.
Luego de varias idas y venidas en el Congreso y modificaciones forzadas por diversos sectores de la oposición, el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocida como 'ley ómnibus' o 'ley bases', se encuentra ahora mismo en debate en comisiones del Senado, donde este jueves concluyen las rondas con expositores invitados a dar su parecer sobre la iniciativa.
De momento, la formación gobernante de ultraderecha La Libertad Avanza, minoritaria en ambas cámaras parlamentarias, no contaría con los apoyos necesarios para obtener un dictamen de comisiones que le permita habilitar el debate en el pleno de la Cámara Alta.
Ello requerirá de mayores negociaciones con la denominada 'oposición dialoguista' y con los gobernadores de provincias, ninguna de ellas gobernada por el oficialismo y cuya representación pesa en el Senado.
Por ello, el Gobierno se muestra abierto a dialogar y a modificar algunos aspectos del proyecto, que, de aprobarse con reformas en la Cámara Alta, debería regresar a Diputados para su tratamiento con cambios.
"Es difícil saber qué va a pasar con la 'ley bases' (...). Está claro que los tiempos en términos de aprobación de la ley son complejos (...). Siguen las conversaciones para llegar a un acuerdo definitivo", dijo este jueves en rueda de prensa el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
El proyecto de 'ley bases' y la reforma fiscal que también impulsa el Gobierno fueron aprobados en Diputados el pasado 30 de abril y remitidos al Senado, donde inició su tratamiento en comisiones el 7 de mayo.
Este proyecto constituye el 'corazón' del programa de Gobierno de Milei, junto con el drástico plan de 'shock' fiscal y el decreto de necesidad y urgencia con medidas orientadas a la desregulación de la economía firmado por el mandatario el 20 de diciembre de 2023, pocos días después de asumir la Presidencia, el 10 de diciembre.
Esta es la segunda vez que el Parlamento debate el proyecto, ya que en febrero fue aprobado en general en Diputados, pero después, ante una derrota segura en la votación artículo por artículo en la Cámara Baja y un previsible posterior rechazo en el Senado, el oficialismo optó por devolver el proyecto a comisiones.
Tras sucesivas negociaciones, el Gobierno remitió un nuevo proyecto con 232 artículos (frente a los 664 de la iniciativa original presentada a finales de diciembre), el primero de los cuales declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, dándole al Ejecutivo facultades delegadas en esas materias, bastante menos que las pretendidas inicialmente por Milei.
La iniciativa permite la reforma del Estado, habilita a privatizar una decena de empresas, supone cambios en la legislación laboral y de jubilación e incluye incentivos para el sector de la energía y los hidrocarburos y para las grandes inversiones.
Junto con este proyecto, también se debate un paquete fiscal, que, entre otros aspectos, incluye un blanqueo de capitales, cambios en el impuesto a las ganancias que pesa sobre los salarios y una moratoria impositiva y aduanera.
Milei había puesto la aprobación de la 'ley bases' como uno de los requisitos para firmar el 25 de mayo un pacto con los gobernadores respecto a una decena de principios económicos y políticos.
Dado el complejo proceso legislativo, el Gobierno ya no ata la firma del pacto a la aprobación de la ley, aunque tampoco da demasiados detalles sobre la eventual rúbrica del conjunto de compromisos.