Bruselas, 24 abr (.).- La Comisión Europea ha dado dos meses a España para abordar los problemas detectados por las autoridades comunitarias en su aplicación de la directiva europea sobre licitaciones públicas o, de lo contrario, podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
"La legislación española no respeta, en particular, el ámbito de aplicación de la Directiva en lo que respecta al tipo de autoridades contratantes, los contratos y las modificaciones de los contratos que tienen que quedar cubiertos", ha dicho este miércoles en un comunicado la Comisión Europea.
El Ejecutivo comunitario envió un dictamen motivado tanto a España como a Bulgaria por este motivo, el segundo paso en el expediente de infracción abierto a ambos países por no cumplir con la normativa europea, al tiempo que puso en marcha un procedimiento de infracción por el mismo motivo contra Rumanía.
Las directivas sobre contratos públicos y concesión de contratos aprobadas por la UE en 2014 tenían que ser introducidas en la legislación nacional de los Estados miembros a más tardar el 18 de abril de 2016, pero Bruselas ha detectado problemas en el modo en que lo han hecho los países expedientados.
Estas normas requieren que los Estados miembros sigan procedimientos imparciales y transparentes para abrir sus mercados públicos a una auténtica competencia entre empresas de toda la UE y asegurar que se obtiene el mejor valor posible en las adquisiciones públicas, recordó la Comisión.
España tiene ahora dos meses para responder a las autoridades comunitarias y tomar medidas para atajar los problemas. De no hacerlo, la Comisión podría remitir el caso al TJUE.