Cerco a Airbnb en Italia. Las autoridades italianas han ordenado el embargo de más de 779 millones de euros de la plataforma digital dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos, en el marco de una investigación por evasión fiscal. La fiscalía de Milán acusa a Airbnb de no recaudar un impuesto sobre los ingresos por alquiler, percibidos por los propietarios, durante un periodo comprendido entre 2017 y 2021. Una tasa que debe pagarse al fisco italiano. La legislación del país transalpino obliga a la plataforma estadounidense a recaudar un impuesto del 21 %, sobre los alquileres a corto plazo.
La investigación se inició a raíz de una auditoría efectuada por la policía financiera que concluyó que Airbnb, cuyo nombre legal es Airbnb Ireland Unlimited Company, no cumplió con sus obligaciones tributarias, evitando la declaración y el pago de retenciones del 21 % referente al impuesto sobre los alquileres a corto plazo.
Según la fiscalía, ese 21 % debió aplicarse sobre una base imponible de 3700 millones de euros pagados en el período 2017-2021 por los inquilinos de los alojamientos anunciados por la plataforma, un importe que luego reembolsaba a los propietarios, al deducirlo de la comisión que estos pagaban por el uso de la plataforma.
La medida cautelar "se fundamenta en la impugnación del delito de omisión de declaración del impuesto", cometido entre el 30 de enero de 2019 y el 30 de enero de 2023, indicó el tribunal en la orden, que tuvo en cuenta, también, "el daño económico causado a otros operadores del sector por el impago del impuesto adeudado".
Por su parte, la compañía de alojamientos turísticos ha mencionado sobre esta acción que "Airbnb Irlanda ha mantenido conversaciones activas con la agencia tributaria italiana desde junio de 2023 para resolver este asunto. Estamos sorprendidos por la acción anunciada por el fiscal italiano. Confiamos en haber actuado en pleno cumplimiento de la ley y tenemos la intención de ejercer nuestros derechos con respecto a este asunto."
En 2017, Italia aprobó un nuevo régimen fiscal para los arrendamientos inmobiliarios de corta duración que prevé que las rentas derivadas de los mismos estén sometidas a una retención fiscal del 21 % y que los datos relativos a los contratos deben transmitirse a la Administración tributaria, algo que corresponde hacer a los intermediarios del contrato, incluidos los portales en línea, cuando los haya.