Bruselas, 16 sep (.).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció este jueves que la Comisión Europea acertó al declarar que las resoluciones tributarias ("tax rulings") por las que Bélgica concedió exenciones a algunas multinacionales constituyen un régimen de ayudas, pero pidió al Tribunal General volver a juzgar si erró al considerar que eran ayudas de Estado y exigir su devolución.
El caso se remonta a 2016, cuando el Ejecutivo comunitario declaró que el sistema belga constituía un esquema de ayudas de Estado ilegales por otorgar una ventaja selectiva a ciertas empresas y ordenó a Bélgica recuperar unos 700 millones de euros en impuestos no abonados por 55 firmas.
Bélgica y el grupo Magnetrol Internacional recurrieron la decisión ante el Tribunal General de la UE -la primera instancia comunitaria- que en 2019 la anuló por considerar que la Comisión se había equivocado al declarar que los "tax rulings" constituían un régimen de ayudas y que había un "patrón de conducta sistemático" de las autoridades fiscales belgas.
El Ejecutivo comunitario presentó un recurso de casación contra esta sentencia alegando que el Tribunal General había errado al interpretar la definición de régimen de ayudas.
El TJUE, máxima instancia judicial comunitaria, le dio este jueves la razón y sentenció que el Tribunal General cometió errores de Derecho al juzgar si se daban los requisitos para considerar que los "tax rulings" eran un régimen de ayudas.
Asimismo, considera que, contrariamente al criterio de esta corte, sí existe un "patrón de conducta sistemático" por parte de las autoridades belgas como prueba la muestra de 22 "tax rulings" analizados por la Comisión.
En consecuencia, el TJUE ha anulado la sentencia del Tribunal General, pero le ha devuelto el caso para juzgar otras alegaciones presentadas por Bélgica y Magnetrol International sobre las que no llegó a pronunciarse en su primera sentencia.
En concreto, deberá juzgar si la Comisión calificó incorrectamente las exenciones fiscales como ayudas de Estado al no haber una ventaja selectiva y si infringió los principios de legalidad y protección de las expectativas legítimas en la medida en que erró al ordenar la recuperación de las supuestas ayudas, tal y como defienden Bélgica y la empresa afectada.
Las decisiones fiscales anticipadas - más conocidas como "tax rulings"- aplicadas por Bélgica desde 2005 permitían aplicar una exención fiscal a entidades belgas que fuesen parte de grupos multinacionales cuando estas acreditasen la existencia de una situación nueva, por ejemplo una reorganización que implicara el traslado del empresario principal a Bélgica, la generación de empleo o de inversiones.
Estas podían quedar exentas de impuesto de sociedades sobre los beneficios que se considerasen "extraordinarios" por exceder los beneficios que otras entidades autónomas comparables habrían conseguido en circunstancias similares.
Según el Ejecutivo comunitario, este esquema redujo la base imponible de las empresas beneficiarias de un 50 % a un 90 %, lo que dejaba en clara desventaja a las compañías autónomas presentes únicamente en Bélgica y violaba las normas europeas de Competencia.
No es la primera vez que la justicia europea se pronuncia sobre este tipo de resoluciones tributarias, que en los últimos años han sido objeto de investigaciones por parte del departamento de Competencia que dirige la comisaria Margrethe Vestager.
En 2019, por ejemplo, el Tribunal General avaló una decisión de la Comisión que pedía recuperar ayudas supuestamente ilegales concedidas a Fiat con estos acuerdos en Luxemburgo, pero anuló la que requería hacer lo propio con Starbucks (NASDAQ:SBUX).
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