Madrid, 10 sep. (.).- El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha dicho hoy que ya hay 85.000 hogares en España que cobran el ingreso mínimo vital, unas 260.000 personas, de las que "más de la mitad son niños" y ha añadido que "hay que poner en valor" estas cifras, que deberían ser "el enfoque del Gobierno".
En declaraciones a Onda Cero, Escrivá ha explicado que de los 900.000 expedientes presentados hasta el momento ya se han tramitado 330.000 en solo tres meses, todo un "récord", a pesar de la pandemia del coronavirus, del tiempo que han estado cerradas las oficinas y de las dificultades para conseguir algunos documentos.
De esta forma, ha rechazado las críticas del vicepresidente Pablo Iglesias, a quien le parece "inaceptable" el retraso en la puesta en marcha de esta prestación, que ha requerido un diseño cuidadoso, preciso y controlado para que no la reciba "quien no debe, porque se erosionaría la credibilidad de todo el sistema".
No obstante, ha reconocido la necesidad de agilizar el proceso y ha anunciado que próximamente se harán "cambios normativos técnicos" para automatizar algunos trámites y lograr que a finales de septiembre cobren esta prestación 150.000 hogares.
"Llevamos 900.000 expedientes y nos entran unos 20.000 más a la semana, y queremos que todos los que lleguen hasta finales de diciembre" reciban la prestación con efectos retroactivos desde el 1 de julio, ha añadido.
Sobre la subida de las pensiones, Escrivá espera que se alcance un acuerdo en el Pacto de Toledo "lo antes posible" y que se logre "un marco estable de revalorización y mantenimiento del poder adquisitivo" en función de los precios, del IPC.
Habrá que ver la inflación esperada para 2021 a final de este año, de momento es positiva según los principales analistas, ha recordado.
Tras afirmar que no le consta que el Gobierno se esté planteando congelar el sueldo a los funcionarios, ha recordado que la AIREF ya planteó la necesidad de hacer ajustes estructurales del gasto público en determinadas áreas de la administración, pues en la otra crisis ya se demostró que el "café para todos" no vale.
También dejó entrever que el Gobierno podría plantearse incluir en los presupuestos de 2021 eliminar algunas bonificaciones y deducciones fiscales para elevar los ingresos, ya que España es el país de Europa "con más mermas de ingresos fiscales" por esas bonificaciones.
Escrivá ha confirmado que en breve se reunirá con los agentes sociales para analizar la posibilidad de que los padres que tengan que quedarse en casa en cuarentena con sus hijos puedan acogerse a una baja laboral por incapacidad, aunque recomendó "prudencia", pues no hay nada decidido.
Según ha recordado, el coste de estas bajas lo asume la Seguridad Social, que ya ha destinado a este fin unos 2.000 millones de euros, un coste "extraordinariamente elevado", que ha supuesto un esfuerzo enorme.