Madrid, 11 abr (.).- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho este jueves que la multinacional minera australiana Berkeley (LON:BKGH) está "en su perfecto derecho de hacer uso de todos los mecanismos de defensa que considere oportunos" al igual que lo hace España como Estado.
Ribera se ha referido así a la reciente comunicación en la que Berkeley anunció al mercado que emprenderá un arbitraje internacional contra España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) por el rechazo a su proyecto de explotación de una mina de uranio en la localidad de Retortillo (Salamanca).
En la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido en la sede del ministerio, precisamente, con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, Ribera ha asegurado que la decisión del Gobierno central fue "técnica" y se apoyó "en todos y cada uno de los informes".
Lo hizo en un procedimiento que "se dilató mucho a lo largo del tiempo", en el que la compañía "tuvo ocasión de aportar (información) y mejorar en reiteradísimas ocasiones y donde fue importante el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)".
"Como cualquier particular, está en su perfecto derecho de hacer uso de todos los mecanismos de defensa que considere oportunos. Nosotros, como Estado, hacemos uso de todos, también ante tribunales de arbitraje", ha añadido Ribera, que ha sentenciado que "habrá que ir viendo".
Fernández Mañueco, por su parte, ha recordado que la Junta de Castilla y León ya explicó "su postura" y cumplió con todos los trámites para la apertura de esta instalación.
Según argumentó en la víspera Berkeley, su decisión llega después de haber presentado una notificación de disputa sobre inversiones dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al Ministerio para la Transición Ecológica, y no encontrar respuesta a su propuesta de iniciar conversaciones para resolver el asunto.
La compañía acude al Ciadi al considerar que el Estado ha violado el Tratado sobre la Carta de la Energía, un marco jurídico para proteger inversiones en energía que data de 1994 y que España ha denunciado para salir del mismo por considerarlo obsoleto.
No obstante, sigue abierta a encontrar una solución amistosa y a que pueda haber conversaciones en el corto plazo.