Bangkok, 23 abr (.).- El Gobierno de Tailandia anunció este martes que ha aprobado un paquete de estímulo económico valorado en 500.000 millones de bat (13.500 millones de dólares o 12.640 millones de euros), que serán repartidos entre unos 50 millones de tailandeses a través de una cartera digital.
En una comparecencia ante los medios tras la reunión semanal de su gabinete, el primer ministro de Tailandia, Srettha Thavisin, indicó que el plan es lograr los fondos a través de asignaciones de los presupuestos de 2024 y 2025, así como mediante un préstamo del estatal Banco para la Agricultura y Cooperativas Agrarias.
El objetivo es reactivar la economía local e impulsar el crecimiento de la segunda mayor economía del Sudeste Asiático.
Mientras, un equipo de asesores realizará un estudio sobre las cuestiones jurídicas de la medida, remarcó Srettha, que rehusó responder a las preguntas formuladas por los medios.
Un vez solventados todos los detalles sobre esta controvertida medida, a la que se oponen expertos economistas y miembros del Banco Central, el Gobierno entregará una cartera digital con 10.000 bat (270 dólares o más de 250 euros) a 50 millones de tailandeses.
Todos los ciudadanos mayores de 16 años y con un salario mensual menor de 70.000 bat (más de 1.890 dólares o unos 1.770 euros) y con ahorros menores de 500.000 bat (casi 13.500 dólares o por encima de 12.650 euros) podrán acceder al incentivo, cuya fecha de entrada se espera durante el último trimestre del año.
Los fondos, que irán vinculados a una cartera digital en los teléfonos inteligentes, se deben gastar en "artículos de la vida diaria" en los negocios locales dentro del distrito donde resida el beneficiado y durante un periodo máximo de seis meses.
Esta política es una de las promesas electorales del partido Phue Thai, que lidera una amplia coalición gubernamental, y ha sido tildada de populista por sus detractores.
El mandatario ya anunció el pasado noviembre el funcionamiento de este estímulo económico, que ha tenido que ser retrasado en varias ocasiones debido a la dificultad de financiar la medida y las objeciones expresadas por los que cuestionan su legalidad.