Berlín, 30 sep (.).- El gigante automovilístico Volkswagen (DE:VOWG_p) (VW) responde desde este lunes ante la justicia alemana por los presuntos estragos causados entre clientes europeos por el llamado "diéselgate" en un proceso que se prevé largo, complejo y de final incierto.
Casi medio millón de afectados -468.992 hasta el 25 de septiembre, de ellos unos 3.000 españoles- están incluidos en la macrodemanda, la primera que llega a un tribunal alemán, cuatro años después de que estallase el escándalo por la manipulación de las emisiones en motores diésel.
A la Audiencia Territorial de Braunschweig le corresponderá establecer, en primer lugar, si se han producido los daños en los usuarios por lo que éstos reclaman ser indemnizados, algo que VW cuestiona.
Son cerca de 60 los objetos de litigio en una demanda encabezada por la Asociación Alemana de Organizaciones de Consumidores (VZBV) y el poderoso club de automovilistas ADAC, con 20 millones de abonados en el país.
VW llega al proceso tras haber denegado un acuerdo extrajudicial, mientras la VZBV se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de que sus representados sean indemnizados pronto.
En el proceso no se analizarán casos individuales, sino los 60 objetos de litigio, aunque se considera que la decisión tendrá "carácter vinculante para los usuarios que se han sumado a la demanda colectiva".
El juez que preside la sala, Michael Neef, reiteró al abrir la primera vista pública que "posiblemente la demanda colectiva no será de utilidad para los usuarios con residencia en el extranjero". Para estos afectados, "habrá que aplicar, si procede, el derecho material extranjero" para responder a sus solicitudes de indemnización.
"De los objetos de litigio presentados por la asociación se desprende claramente que sólo se considere el derecho sustantivo alemán", agrega Neef, según el comunicado difundido por la Audiencia.
La demanda colectiva contra el fabricante automovilístico la presentó el pasado 1 de noviembre la VZBV con el objetivo de determinar si los afectados tienen derecho a una indemnización y por qué cuantía.
Estos potenciales afectados son los propietarios de vehículos de las marcas Volkswagen, Audi (F:NSUG), Seat y Skoda con motores diésel del tipo EA 189, equipados con un dispositivo de desconexión.
El argumento principal de la parte demandante es que esos conductores han tenido que ver cómo sus coches perdían valor por el escándalo y reclaman ser compensados. El factor tiempo no juega a su favor, ya que cuanto más tarde la resolución menos valdrán esos autos.
Alrededor de 11 millones de vehículos en todo el mundo -unos 2,5 millones en Alemania- incorporaban en su software comandos que trucaban las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) sólo durante las pruebas en laboratorio, según datos de VW.
Estos vehículos contaminaban en carretera mucho más de lo permitido y de lo que constaba en sus papeles, porque el "software" desactivaba por defecto el filtro que reducía las emisiones de NOx.
El inicio del proceso se produce una semana después de que la Fiscalía de Braunschweig presentara una acusación contra el presidente de VW, Herbert Diess, su antecesor Martin Winterkorn y el jefe del consejo de vigilancia Hans Dieter Pötsch.
Las diligencias sobre la cúpula -actual o anterior- giran también en torno al escándalo del diésel, aunque en ese caso no sobre sus supuestas consecuencias sobre el usuario, sino sobre los accionistas.
El fiscal Klaus Ziehe afirmaba que los tres imputados incumplieron "las leyes que los obligan a informar sin dilación a sus accionistas de los riesgos sobrevenidos por el llamado 'escándalo del diésel".
Estas tres personas, según sus diligencias, supieron de las irregularidades entre junio y julio de 2015, pero no cumplieron con esa obligación.
VW estaba por entonces interesada en lanzar al mercado estadounidense un diésel adaptado a las normas vigentes en EEUU para las emisiones de esos motores. Al no estar en disposición de hacerlo, se dotó a esos modelos de un software capaz de ocultar que se estaban superando los niveles de emisiones permitidos.
El consorcio informó por primera vez del asunto el 22 de septiembre de 2015, días después de que las autoridades de Estados Unidos destaparan el escándalo.
Estas primeras revelaciones desataron un alud de sospechas sobre las grandes marcas de la automoción alemanas, una crisis de credibilidad para el sector y sanciones multimillonarias para los fabricantes directamente afectados.