La Paz, 8 sep (.).- Bolivia fue notificada este viernes sobre un laudo arbitral que dispone que debe pagar 253,5 millones de dólares (236,8 millones de euros) a una subsidiaria de la empresa suiza Glencore (LON:GLEN) por la nacionalización de dos plantas metalúrgicas y una concesión minera, informó el procurador general del Estado, César Siles.
El fallo, emitido por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, "emerge de una controversia relativa a la reversión al dominio del Estado" del Complejo Metalúrgico Vinto, la Planta Vinto Antimonio y de la concesión minera Colquiri, explicó Siles a los medios.
"Este fallo final de los 253,5 millones de dólares es el laudo dictado hoy (viernes) en relación a una demanda presentada en 2017 que pedía 675,7 millones de dólares", detalló.
Según el procurador boliviano, aunque la demanda inicial era por 675,5 millones de dólares, la empresa pidió luego 778 millones, por lo que destacó la "reducción considerable" del monto fijado en el laudo.
Pese a esta reducción, Siles sostuvo que "es obligación" de la Procuraduría "analizar todos los escenarios posibles para seguir con la estrategia de defensa legal del Estado".
Por esto, se analizará la posibilidad de solicitar "en el plazo establecido" la anulación del laudo y la suspensión de su ejecución, agregó.
El Estado boliviano tomó el control del Complejo Metalúrgico Vinto en 2007, la Planta de Antimonio Vinto en 2010 y el centro minero de estaño Colquiri en 2012.
En su momento, la Procuraduría justificó la nacionalización señalando que los dos primeros bienes, que se encuentran en la región andina de Oruro, eran antes estatales pero fueron privatizados durante "gobiernos neoliberales" a precios por debajo de su coste real y no recibieron las inversiones prometidas.
Mientras que la mina Colquiri, situada en el departamento de La Paz, fue expropiada en junio de 2012, en medio de graves enfrentamientos entre grupos rivales de mineros que disputaban su control.
Siles asumió como procurador de Bolivia hace dos días, en reemplazo de Wilfredo Chávez, que lideró la Procuraduría desde noviembre de 2020, cuando Luis Arce asumió la Presidencia del país.