Caso de Rio Tinto arroja dudas sobre prácticas para hacer negocios en China

Marga Zambrana

Pekín, 13 ago (EFE).- La detención de cuatro directivos de la minera australiana Rio Tinto por supuesto espionaje, robo de secretos comerciales y sobornos pone en duda las prácticas de los negocios en China, la aplicación de leyes como la de secretos de Estado y el manejo de sectores industriales "estratégicos".

El australiano Stern Hu y otros tres ejecutivos de Rio Tinto en Shanghai fueron detenidos "formalmente" ayer tras seis semanas de arresto en las que fueron acusados de espionaje y robo de secretos de Estado y de sobornar para manipular el precio del mineral de hierro, ya que la siderurgia es considerada "sector estratégico" de seguridad nacional para el Ejecutivo comunista.

Cuando ayer fue publicada la detención formal -pendiente de acusación-, emitida por el Tribunal Popular Supremo, la acusación de espionaje había desaparecido tras enormes tensiones diplomáticas entre Pekín y Camberra desde el 5 de julio, y Pekín anuncia cargos menores: robo de secretos comerciales y sobornos.

Así, en lugar de afrontar una eventual cadena perpetua, los cuatro podrán ser condenados a penas de tres a siete años de cárcel mientras que el Supremo asegura que el de Rio Tinto es caso aislado.

La detención preocupa en sectores empresariales extranjeros con intereses en China pues se llevó a cabo en medio de unas prolongadas negociaciones por el precio del mineral de hierro entre Rio Tínto y siderurgias chinas, y la ven como una presión de Pekín para forzar a la baja el precio.

El caso ha servido también para poner a prueba y analizar la ambigüedad de la revisada ley de secretos de Estado, un cajón de sastre que sirve al régimen tanto para detener a disidentes como para la censura informativa y ahora también para los negocios.

"El borrador es desalentador", dijo uno de los mayores expertos en legislación china, Jerome A. Cohen, codirector del Instituto de Leyes de Asia de la Universidad de Nueva York, en el diario hongkonés South China Morning Post.

Ignorando las sugerencias de las regulaciones de Información Abierta del Gobierno (OGI, siglas en inglés), implementadas en 2008, que piden mayor transparencia en informes financieros, planes de emergencia y casos de sanidad, alimentación y fármacos, la nueva ley amplía la persecución de secretos de Estado a medios digitales e internet.

"El borrador es muy específico en cuanto a multas contra el personal del Estado que infrinja los protocolos de seguridad", señala Cohen, "pero no en la clasificación arbitraria" de secretos de Estado, y el experto prevé "un exceso de acusaciones" sin ningún intento por limitar "la gran extensión de aplicación" de la ley.

La situación para ciudadanos ordinarios y empresarios es aún peor, pues no hay posibilidad de identificar lo que es o no secreto de Estado.

Un documento se puede clasificar como tal durante un proceso judicial si el tribunal estima que el acusado "debería haber sabido" el impacto de una información para la seguridad nacional china.

Otro tanto sucede con los sectores considerados "estratégicos" por Pekín, una lista que raramente es publicada y en la que el Ejecutivo tiene la última palabra en materia de fusiones y adquisiciones con empresas foráneas, entre los que se cuentan lo aeroespacial, telecomunicaciones, manufacturas avanzas o energía.

Pero la mayor preocupación es la acusación por sobornos, ya que es vox populi entre empresarios y materia de estudio en las escuelas de negocios, que no hay acuerdo en una negociación si no hay regalo.

"Tenemos que pagarles un viaje a nuestro país cada vez que negociamos", señalaba a Efe una empresaria que trabaja desde hace seis años en Pekín, en uno de los múltiples ejemplos en los que se establece "guanxi" ("contacto"), como la invitación a ágapes inasequibles o la compra de regalos. EFE