José Luis Ramudo
Lugo, 23 dic (.).- A pocos días de que termine el año, la comarca de A Mariña sigue luchando por su futuro, básicamente por mantener el empleo industrial en dos de las principales empresas de la costa de Lugo, la fábrica de aerogeneradores de Vestas (CSE:VWS), en Viveiro, que da trabajo a 115 personas, y la factoría de aluminio primario de Alcoa (NYSE:AA), que forma parte de un complejo con más de 1.100 empleos directos y casi otros tantos indirectos.
La situación de ambas empresas es bastante diferente en este momento, porque mientras el comité de empresa y la dirección de Alcoa están inmersos en un nuevo proceso de negociación para buscar una solución de futuro que garantice la viabilidad del complejo industrial, los trabajadores de Vestas ya han recibido las cartas de despido y la multinacional danesa les ha ingresado el finiquito en sus respectivas cuentas.
A pesar de que la Xunta de Galicia convocó una Mesa Industrial para tratar de buscar una “alternativa” al cierre de la fábrica de Viveiro, el propio gobierno gallego denunciaba hace unos días que Vestas, “con su actitud”, está echando por tierra “cualquier posibilidad de venta” para esas instalaciones, que es “la única salida para mantener activa la planta y preservar los puestos de trabajo”.
La conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, mantuvo hace días una reunión con miembros del comité de empresa y representantes sindicales, a los que les comunicó que los inversores interesados en hacerse con la propiedad de la planta con los que había contactado la Xunta se habían echado para atrás “ante las trabas puestas por la multinacional”.
“Vestas no está interesada en vender, no quiere que ningún otro operador adquiera la factoría y lleve a cabo un proceso de reindustrialización en la fábrica para poder mantener el empleo”, dijo la conselleira al terminar el encuentro con los trabajadores.
La multinacional, en cambio, insiste en que su postura viene derivada de la “ausencia de un interés firme y real por parte de los potenciales inversores” en la compra de la fábrica vivariense, a pesar de que dos consultoras especializadas, KPMG, “mandada por el Instituto Galego de Promoción Económica -IGAPE-, y LHH, “contratada por Vestas”, sondearon el mercado para evaluar esa posiblidad.
Vestas mantiene que el cese de actividad, y, en consecuencia, el ERE que afecta a toda su plantilla en Viveiro, viene motivado por la “obsolescencia de los productos, la sobrecapacidad de producción y la reducción de demanda en Europa”, circunstancias que no le permiten mantener la actividad ni tampoco añadir carga de trabajo a esa fábrica.
Por su parte, el presidente del comité de empresa, David Mariño, reconoce que los trabajadores necesitan en este momento “de más apoyo de la Administración”, porque aprecian que “ha decaído un poco” después de que los fondos de inversión que habían manifestado un supuesto interés en la adquisición de la fábrica se hubiesen “echado atrás”.
“La Xunta nos informó de que esas empresas que estaban interesadas en comprar la fábrica habían perdido el interés”, dijo Mariño, “y la cosa se quedó ahí en suspenso”, cuando “sin duda la Administración puede hacer mucho más” para tratar de buscar una solución.
En ese sentido, reconoció que la plantilla quiere ver “cosas en firme”, porque de momento todos los compromisos “han sido de palabra”.
Entre otras posibilidades, el comité estudiará plantearle a la Administración que negocie con Vestas “unas condiciones” que faciliten la venta si realmente existe algún inversor interesado, de modo que “si aparece una empresa que las cumpla, pueda comprar la fábrica”.
Con el compromiso, aclaró, de emplear a la actual plantilla de la fábrica de aerogeneradores, formada por 115 trabajadores.
Entretanto, el comité de empresa sigue negociando con Alcoa una salida al conflicto laboral en la fábrica de aluminio primario que ya dura casi dos años.
Las conversaciones entre la patronal y la representación de los trabajadores fueron retomadas después de que el Tribunal Supremo avalase la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anuló el ERE anunciado por la multinacional para despedir a más de quinientos trabajadores, en el marco de una huelga indefinida que mantiene inmovilizadas decenas de miles de toneladas de aluminio en San Cibrao.
A finales de noviembre, Alcoa planteó una propuesta a medio-largo plazo para mantener el empleo, promover la viabilidad futura de la planta y frenar las importantes pérdidas que la planta está acumulando por los desorbitados precios de la energía.
Según la información facilitada por Alcoa, “las pérdidas operativas, solo en el mes de noviembre”, superaron “los 20 millones de dólares, sin contar el efecto que tiene la huelga en la liquidez de la compañía”, porque “el coste de la electricidad ya supone más del 60% de los costes de producción”.
Con ese panorama, la compañía ofreció un acuerdo que contemplaba “el cese temporal de la actividad de electrolisis y de la planta de ánodos por dos años” y, a cambio, se comprometía a trabajar urgentemente para firmar preacuerdos de suministro de energía mínimamente competitivos a partir de 2024, siendo esos preacuerdos la premisa para iniciar el cese temporal de dos años.
Además, se comprometía a no iniciar ningún despido colectivo por un período de cuatro años, a proporcionar un permiso retribuido a los empleados afectados durante el cese temporal de 2 años, a operar la fundición para asegurar el suministro de metal a los clientes y a reiniciar toda la actividad a partir de enero de 2024.
También aclaraba que “la refinería de alúmina de San Cibrao no se ve afectada por este acuerdo propuesto y seguiría funcionando con normalidad”.
La propuesta inicial de Alcoa fue rechazada por el comité de empresa, que siguió negándose a parar las cubas de electrolisis y le exigió a la compañía la búsqueda de un acuerdo que incluyese mantener el empleo en las empresas auxiliares, de suministros y de transportes, para que “ningún trabajador” de A Mariña se fuese al paro.
El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, afirmó que ahora mismo lo prioritario, para avanzar en la negociación, es que la compañía ponga sobre la mesa “garantías” y “avales” que aporten confianza al proceso con respecto al mantenimiento de la actividad y de los puestos de trabajo.
En este momento, las conversaciones entre ambas partes continúan y el comité se centra “sobre todo en las garantías, porque la confianza en Alcoa, después de tanto tiempo de lucha, de intentar cerrar la empresa y de intentar acabar con la producción de aluminio en nuestra factoría, es casi nula”, dijo José Antonio Zan.
“Nos centramos en solicitar garantías y avales para que, llegado el momento”, con fecha 1 de enero de 2024, arranque “el 100 % de la producción, que en este momento está en el 85 %”, explicó. Para ello, los representantes sindicales le piden a Alcoa que deposite un aval de 150 millones que garantice el mantenimiento de la actividad y la continuidad de los puestos de trabajo.
En cuanto a los avales sobre las inversiones a realizar en planta, precisó que las demandas del comité “son muy altas” y la empresa todavía “no ha llegado” a esas cifras. “Nosotros hablamos de un plan de viabilidad de unos 200.000 amperios para que la empresa sea competitiva el día de mañana, como el resto”, precisó.
Además, piden la implicación del Gobierno de España y de la Xunta de Galicia para poner sobre la mesa un plan industrial y otro energético que garantice el futuro del complejo.
Por otra parte, en cuanto a su propuesta, también destaca la pretensión de que las empresas auxiliares, las de suministro y de transportes tengan trabajo garantizado durante tres años, de modo que haya garantías de que no “van a despedir a ningún trabajador” por falta de actividad.
El tira y afloja entre la compañía y el comité de empresa continúa. “Ellos quieren cesar toda la actividad, nosotros seguimos defendiendo que toda la actividad no se va a cesar”, aclaró Zan.
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