SUDÁFRICA - El gigante de la ingeniería ABB (ST:ABB) ha acordado pagar más de 2.500 millones de euros en concepto de reparaciones punitivas a la Cuenta de Recuperación de Activos Penales del país, lo que supone un avance significativo en las investigaciones por corrupción que se están llevando a cabo en torno a la central eléctrica sudafricana de Kusile. Este acuerdo se produce después de que la empresa admitiera haber inflado los costes de un sistema de instrumentación de la central eléctrica.
Hoy, la Autoridad Fiscal Nacional (NPA) y la Dirección de Investigación (ID) se han visto sometidas al escrutinio del antiguo ejecutivo de Eskom Matshela Koko, que se dirigió al Protector Público con quejas. Koko criticó a la NPA por eludir la supervisión judicial al permitir que ABB admitiera su culpabilidad y resolviera las multas sin una admisión de culpabilidad sancionada por un tribunal, lo que según él contraviene el artículo 64(e) de la Ley de Prevención de la Delincuencia Organizada (POCA). Según Koko, esta sección pretende aliviar la carga del sistema de justicia penal registrando las admisiones de culpabilidad por delitos menores sin procedimientos judiciales, pero exige sanciones judiciales por delitos graves que dan lugar a antecedentes penales.
La controversia tiene su origen en el contrato de ABB con Eskom, por valor de 2.200 millones de euros, que supuestamente se consiguió mediante prácticas corruptas en las que intervino Koko. A pesar del acuerdo alcanzado por ABB, la NPA ha indicado que aún podría emprender acciones legales contra ABB Sudáfrica como entidad corporativa si no se respetan los términos del acuerdo. Esta advertencia se emitió inicialmente en diciembre de 2022.
El pago de ABB supone una recuperación sustancial para los esfuerzos de Sudáfrica por hacer frente a la corrupción dentro de sus fronteras. Sin embargo, la impugnación de Koko pone de relieve las preocupaciones actuales sobre el debido proceso y la correcta aplicación de los marcos jurídicos en casos de corrupción de alto perfil.
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