Bruselas, 13 jul (.).- Un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pidió este jueves dar la razón a Naturgy (BME:NTGY) y EDP (ELI:EDP) España en su recurso contra la investigación iniciada por Bruselas sobre el régimen de ayudas en España a centrales de carbón para reducir emisiones, con el que se concedieron más de 440 millones de euros a catorce plantas.
El letrado Giovanni Pitruzzella pide, en concreto, que la futura sentencia estime el recurso de casación planteado por estas dos empresas, con el apoyo de Generaciones Eléctricas Andalucía y Endesa (BME:ELE) Generación, contra un fallo anterior del tribunal de Luxemburgo que dio la razón a la Comisión Europea.
El caso se remonta a 2017, cuando el Ejecutivo comunitario inició una investigación sobre el régimen de ayudas de España a centrales de carbón que les incentivaba a reducir sus emisiones contaminantes y en virtud del cual se concedieron más de 440 millones de euros entre 2007 y 2016.
Naturgy recurrió la apertura de dicha investigación al entender la ausencia de motivación suficiente por parte de las autoridades comunitarias sobre el supuesto carácter selectivo del régimen de ayudas, pero fue desestimado en primera instancia por el Tribunal General de la UE.
Esta compañía, junto con EDP España, presentaron un recurso de casación ante la máxima instancia del TJUE, que debe emitir una sentencia en los próximos meses.
En sus conclusiones, que no son vinculantes de cara a ese futuro fallo, el abogado general recomienda a los jueces que estimen el primer motivo de casación alegado por las eléctricas, es decir, que la primera sentencia "juzgó equivocadamente" que la apertura de la investigación estaba "suficientemente motivada" por parte de Bruselas.
El letrado defiende, en particular, que la apertura de una investigación en profundidad no es una decisión "con respecto a la cual la obligación de motivación sea especialmente liviana o superficial" puesto que "reviste ya un significado autónomo y puede tener efectos concretos y significativos en los intereses económicos de las partes".
Por este motivo, Pitruzzella subraya que Bruselas "debe exponer ya en la decisión de incoación todos los razonamientos y fundamentos jurídicos" en los que se basa para estimar que la medida es ilegal y "no puede diferir el análisis a un momento posterior".
Por otro lado, el abogado general defiende que la Comisión "está obligada a llevar a cabo un examen preliminar que justifique la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal", así como que este análisis "ha de ser completo, a la luz de los datos y elementos conocidos".
Esta es la única forma, argumenta, de "respetar plenamente el derecho de defensa de las partes", puesto que en ese caso "pueden conocer los fundamentos jurídicos en que se basa la calificación de la medida como ayuda incompatible con el mercado interior".
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