Madrid, 10 jul (.).- La cadena de moda gallega Adolfo Domínguez (BME:ADZ) ha informado este lunes del acuerdo alcanzado con la representación sindical sobre un nuevo modelo de incentivos por ventas en España.
El objetivo de este plan es "consolidar" el crecimiento en ventas de la cadena, que registró un aumento del 24 % en el último ejercicio, explica en una nota la empresa.
El nuevo sistema comenzará a aplicarse el 1 de agosto, aunque todos los profesionales de las tiendas podrán acogerse al mismo ya en este mes "si les resulta más favorable que el actual".
La compañía comunicó a la representación social el pasado 2 de junio el inicio de un procedimiento para negociar y pactar este nuevo sistema para la retribución variable por comisiones por ventas en las tiendas de España.
El nuevo modelo retributivo, apunta la empresa, "promueve tanto las ventas individuales como las de cada tienda y establece un sistema que impulsa" toda la cadena de venta en España, desde cajeros, almacenistas a vendedores, jefes o segundos encargados de cada establecimiento.
Adolfo Domínguez ha pactado este nuevo acuerdo con casi la totalidad de la plantilla, con el respaldo de 12 de sus 13 representantes laborales.
La compañía gallega que preside Adriana Domínguez obtuvo en el último ejercicio de 2022 un resultado neto positivo por primera vez en seis años, al ganar 200.000 euros, con un aumento de las ventas del 24 % y una facturación de 114,2 millones.
Adolfo Domínguez despliega en España el 45 % de sus tiendas (145 puntos de venta, datos oficiales a 20 de abril de 2023) y los gastos de personal aumentaron en 1,34 millones de euros en el último curso (un 3,9 % más), hasta 34,35 millones.
El grupo Adolfo Domínguez cuenta con 339 establecimientos (el 57 % fuera de España) en 18 países y concluyó el ejercicio 2022-2023 con una plantilla de 957 profesionales.
En marzo de 2021, el grupo anunció su intención de reducir el número de empleados en España en un 30 % por el impacto de la pandemia en el negocio. Dos meses después, el acuerdo con la representación social (CCOO, UGT, CIG y ELA) recogió un recorte de plantilla de 259 personas, con prejubilaciones, salidas voluntarias y un plan de recolocaciones.