SIDNEY (Reuters) - Australia y Papúa Nueva Guinea dijeron el miércoles que acordaron el cierre de un controvertido centro de detención de solicitantes de asilo financiado por Australia en la isla de Manus, regentado por una filial de Ferrovial (MC:FER), aunque el destino final de los 800 refugiados retenidos sigue siendo poco clara.
Bajo la ley australiana, cualquier persona que trata de llegar en barco a Australia y es interceptada en alta mar es enviada a los campos de detención que el Gobierno australiano ha levantado en una pequeña isla en el Pacífico, llamada República de Nauru, o en la isla de Manus que forma parte de Papúa Nueva Guinea.
Los refugiados interceptados nunca son readmitidos en territorio australiano y algunos de ellos llevan años en los campos, que han sido fuertemente criticadas por las Naciones Unidas y diversos grupos de derechos humanos.
Las organizaciones humanitarias y la prensa han publicado numerosos informes sobre abusos y autolesiones entre los detenidos, incluidos los niños, en los dos centros, regentados desde hace años por la empresa australiano Broadspectrum (AX:BRS), adquirida el pasado mes de mayo por Ferrovial.
A principios de agosto Ferrovial dijo a analistas que no iba a renovar los contratos aunque señaló que el gobierno australiano había hecho uso de su opción de extender la duración de los contratos de Manus y Nauro en seis meses hasta el 27 de octubre de 2017.
Papúa Nueva guinea y Australia no facilitaron una fecha para el cierre de l centro de Manus.
"Tanto Papúa Nueva Guinea y Australia están de acuerdo en que el centro se va a cerrar", dijo el primer ministro de Papúa Nueva Guinea, Peter O'Neill en un comunicado.
"Se está estudiando una serie de opciones para su implementación. Es importante que este proceso no se precipite sino que se lleve a cabo con el cuidado requerido", añadió la noto sin mencionar la fecha de cierre.
El ministro de Inmigración australiano Peter Dutton, quien se reunió con O'Neill en miércoles para abordar el tema, reiteró la posición australiana de que no iba a aceptar a ninguno de los refugiados detenidos en Papúa Nueva Guinea.
El anuncio del cierre se produjo después de que la semana pasado un periódico anglosajón publicara documentos filtrados que detallan más de 2.000 casos de abuso sexual, asalto e intento de autolesión entre 2013 y 2015 en el centro de detención de Nauru.
Las duras condiciones y los informes de abuso sistemático en los campamentos causaron un gran rechazo en la opinión pública australiana e internacional.
Australia justifica la existencia de los centros de detención con el argumento de que han frenado los peligrosos viajes en barco por el Pacífico que costaban la vida a cientos de personas cada año antes de la implementación de la política de internamiento.
El anuncio del cierre del campo en Papúa Nueva Guinea fue bien recibido por las organizaciones humanitarias.
"Casi mil hombres en Manus ya han perdido tres o más años de su vida encerrado en el limbo sin una buena razón," dijo en un comunicado Elaine Pearson (LON:PSON), la directora de Human Rights Watch en Australia, en un comunicado.
"Han soportado condiciones de hacinamiento, suciedad, inadecuada atención médica y violencia. Es hora de dejarlos seguir adelante con sus vidas en seguridad y dignidad".