Lima, 27 sep (EFE).- El primer ministro de Perú, Guido Bellido, escenificó este lunes su emplazamiento al consorcio privado que explota el yacimiento de gas de Camisea, uno de los más grandes de Latinoamérica, a revisar los contratos en favor del Estado tras la amenaza de nacionalizarlos que lanzó la víspera.
El presidente del Consejo de Ministros se presentó personalmente en las oficinas en Lima de la multinacional argentina Pluspetrol, socia mayoritaria del consorcio de Camisea, para presentar una carta donde instó formalmente a la compañía a negociar para aumentar los beneficios a favor del Estado peruano que obtiene la explotación del gas.
Tras dejar el oficio, el jefe del Ejecutivo se retiró sin declarar a los periodistas que le esperaban a la salida para que ampliase sus declaraciones sobre el anuncio pese a que su gabinete de comunicación había convocado previamente a los medios a dicho acto ante el enorme interés suscitado por las posibles consecuencias de la amenaza que publicó el domingo en redes sociales.
El mensaje de Bellido, que ha tomado la iniciativa en este asunto por delante del propio presidente de Perú, Pedro Castillo, sorprendió por hablar de nacionalización cuando el mismo mandatario había asegurado apenas cinco días antes en su discurso ante las Naciones Unidas que no habría expropiaciones en su Gobierno.
La Constitución peruana, vigente desde 1993, no establece la posibilidad de una nacionalización, y el socialista partido Perú Libre, la formación que está en el Gobierno, no tiene los votos suficientes en el Parlamento para reformar la carta magna.
CASTILLO PROMETE LEGALIDAD
Varias horas después de la polémica frase de Bellido, el presidente Castillo reafirmó que su Gobierno está "comprometido con llevar gas barato a todos los peruanos", pero matizó que "cualquier negociación se dará con respeto irrestricto al Estado de derecho y velando por los intereses nacionales".
Este lunes el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, señaló en una comparecencia ante la comisión de Presupuesto del Parlamento que "es necesaria una renegociación".
El ministro consideró que su sector de hidrocarburos y minería debe pagar más impuestos, pues representa el 21 % de la recaudación fiscal del país cuando genera más del 60 % de las exportaciones y un porcentaje también superior del producto interior bruto (PIB).
Merino aseguró que incluso ya están en contacto con las empresas operadoras de Camisea y que estas han dado señales positivas para iniciar conversaciones.
"Desde el principio señalamos nosotros que íbamos a hacer un nuevo pacto. Muchas empresas están dispuestas a revisarlo", manifestó Merino.
"Nosotros lo vemos como un nuevo pacto. Creo que están dadas las condiciones para ello, y nosotros no vamos a violar ninguna norma y tampoco ninguna forma", añadió.
MULTINACIONALES IMPLICADAS
Dentro del consorcio de Camisea, Pluspetrol es el socio mayoritario con el 27 % de participación, seguido de la estadounidense Hunt Oil (25,1 %), la coreana SK Innovatión (17,6 %), la española Repsol (MC:REP) (10 %), la argentina Tecpetrol (10 %) y la argelina Sonatrach (10 %).
En condiciones normales, Camisea produce entre 43 y 48 millones de metros cúbicos de gas por día, procedentes de los bloques 56 y 88 a cargo de Pluspetrol y del 57 a cargo de Repsol, según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
De esta forma, de Camisea se extrae un 92 % de la producción fiscalizada de gas natural de Perú y su gas permite generar más del 40 % de la energía eléctrica consumida a nivel nacional.
Durante sus primeros 15 años de operaciones, Camisea facturó 30.000 millones de dólares tras una inversión de 5.000 millones de dólares y generó regalías para el Estado peruano por valor de 8.000 millones de dólares, lo que equivale al 0,5 % del PIB del país.