Madrid, 10 abr (.).- Berkeley (LON:BKGH) ha anunciado que emprenderá un arbitraje internacional contra España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) por el rechazo a su proyecto de explotación de una mina de uranio en Retortillo (Salamanca).
La compañía, cuya filial en España cotiza en la Bolsa española desde 2018, ha indicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha adoptado esta decisión después de presentar una notificación de disputa sobre inversiones dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al Ministerio para la Transición Ecológica, y no encontrar respuesta a su propuesta de iniciar conversaciones para resolver el asunto.
Berkeley acude al Ciadi al considerar que España ha violado el Tratado sobre la Carta de la Energía, un marco jurídico para proteger inversiones en energía que data de 1994 y que España ha denunciado para salir del mismo por considerar que ha quedado obsoleto.
La compañía dice que propuso al Gobierno español iniciar unas negociaciones rápidas para llegar a una solución amistosa, pero a fecha de hoy el Ejecutivo no ha entablado ninguna conversación con ellos, por lo que ha decidido acudir al Ciadi, institución del Banco Mundial, para emprender un arbitraje internacional.
No obstante, dice que sigue abierta a encontrar una solución amistosa y a que pueda haber conversaciones en el corto plazo.
España aprobó en 2021 la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que se introdujo una enmienda por la que no se aceptarían nuevas solicitudes de concesiones de exploración, investigación y explotación directa de materiales radiactivos, ni tampoco sus prórrogas, tras la entrada en vigor de la norma, que se produjo en mayo de ese año.
En el caso de las concesiones existentes, los procedimientos abiertos y las solicitudes relacionadas con éstos continuarían normalmente con base en la legislación anterior, según Berkeley.
Berkeley dice que posee derechos legales vigentes y consolidados para la investigación y explotación de sus proyectos mineros, incluida la licencia minera por 30 años (renovable por dos períodos más de 30 años) para el proyecto de Salamanca, pero cualquier nuevo procedimiento abierto ahora por la compañía no está permitido por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
La nueva ley entró en vigor en mayo de 2021 y en noviembre de 2021 el Ministerio para la Transición Ecológica notificó a Berkeley que había rechazado el proyecto NSC II, consistente en una planta de concentrado de uranio, tras un informe desfavorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de julio de 2021.
Para Berkeley, el CSN adoptó una decisión arbitraria, ante lo cual la compañía presentó documentación, incluido un informe de mejora para complementar la solicitud inicial y en julio de 2021 pidió la reevaluación por el CSN.
En agosto, la compañía presentó más documentación y, además, solicitó al Ministerio acceso a ficheros de autorizaciones para otros proyectos similares de uranio en España para verificar y contrastar las condiciones con que se aprobaron.
Berkeley considera que el CSN ha actuado de forma discriminatoria y arbitraria al evaluar la solicitud de su proyecto, y también dice que el Ministerio ha infringido normas en materia administrativa y de procedimientos, lo que implicaría que el rechazo de su solicitud no es legal.
En su comunicación a la CNMV, la compañía ha señalado que ha retirado los recursos de casación que presentó ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que declaró nulas las licencias de la mina de Retortillo, a fin de preservar sus derechos bajo el arbitraje internacional.
En diciembre del año pasado, el TSJ de Castilla y León declaró nulas las licencias de la mina que Berkeley quiere construir en el municipio salmantino de Retortillo, al estimar varios recursos de revocación interpuestos a las sentencias de primera instancia que refrendaban la Autorización de Uso Excepcional del Suelo (AEUL) y la Licencia de Urbanismo (UL).
El TSJ anuló ambas licencias necesarias para el desarrollo de la mina de uranio, lo que provocó una fuerte caída en bolsa de las acciones de la compañía, que anunció recursos contra la resolución.