Barcelona, 27 mar (.).- El departamento de Acción Climática de la Generalitat ha presentado un paquete de alegaciones a la propuesta de real decreto del Gobierno que regula la eólica marina en España para pedir que los criterios no económicos, como el impacto medioambiental y socioeconómico de cada proyecto, pesen hasta un 50 % en la valoración global, frente al 30 % actual.
La Generalitat asegura que ha presentado estas alegaciones junto a municipios implicados en la llamada zona LeBa 1 del plan de ordenación de espacios marítimos.
De esta forma, la Generalitat trata de recoger las inquietudes de los municipios que quedarían afectados por el parque eólico proyectado en Roses (Girona), un proyecto que ha generado polémica en la zona.
En un comunicado, este departamento ha detallado que se propone que las administraciones locales o autonómicas participen en el proyecto de evaluación de los proyectos.
Para ello pide que la comisión técnica que valore los diferentes proyectos según los criterios de ponderación cuente como mínimo con un representante de las administraciones locales o de la comunidad autónoma donde instale el proyecto.
En cuanto a la ponderación de cada proyecto, la Generalitat pide, por tanto, que a la hora de valorar un proyecto de parque eólico pese tanto la oferta económica como su impacto, en lugar de que la oferta económica pese un 70 %, que es lo que dice actualmente el borrador del decreto.
De hecho, la Generalitat y las administraciones locales plantean una lista exhaustiva de criterios no económicos y pide que se tengan en cuenta, por ejemplo, la distancia del proyecto de la costa, las medidas habilitadas para reducir el impacto ambiental y paisajístico o bien el potencial de ese proyecto para la industria y la economía de la zona y sobre la actividad turística, entre otras.
La Generalitat también propone que existan criterios de valoración en cuestiones relacionadas con el desmantelamiento de la instalación, con la contribución a la seguridad del suministro eléctrico en la zona o la participación de empresas públicas en el capital social del promotor de los proyectos.