Madrid, 22 mar (.).- El Defensor del Pueblo ha advertido del elevado número de quejas que recibió en 2023 relacionadas con el Bono Alquiler Joven, ya que la gestión de estas ayudas por algunas consejerías autonómicas fue insuficiente y muchos solicitantes aún no la habían recibido meses después de solicitarla.
Los problemas se han registrado en Andalucía, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia, todas ellas gobernadas por el PP, de acuerdo con la institución.
Según sostiene el Defensor del Pueblo en su informe anual, las administraciones autonómicas manifestaron que estaban desbordadas ante el elevado número de solicitudes recibidas y que no disponían de capacidad suficiente para atender la carga de trabajo.
Así, la Comunidad de Madrid indicó que había tenido más de 50.000 solicitudes. En Andalucía se recibieron más de 17.000 en tan solo tres días, lo que, además de dar lugar al cierre provisional de la convocatoria dado el crédito disponible, colapsó su web.
Por su parte, el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo comunicó que, en un período de cuatro meses, había recepcionado 14.441 solicitudes.
En cuanto a las ayudas convocadas por las comunidades autónomas en aplicación del Real Decreto por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, el Defensor del Pueblo ha recomendado a la Comunidad de Madrid que estime, dentro del colectivo preferente relativo a las unidades monoparentales con cargas familiares, a aquellas con hijos a cargo mayores de 18 años.
A juicio de la institución, la existencia de una única persona como progenitora, tutora o acogedora conlleva un importante factor de vulnerabilidad, mayor al del resto de unidades familiares; y el hecho de que el hijo conviviente haya superado la mayoría de edad no hace que la familia tenga menor necesidad de percibir estas ayudas destinadas al alquiler de vivienda.
En ese sentido, ha apuntado que parece una condición más relevante y determinante que aún dependa económicamente de la persona responsable de la unidad familiar y que conviva con esta.
Por ello, el Defensor del Pueblo dirigió una recomendación a la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid para que en futuras convocatorias incluya en la categoría de unidad de familia monoparental a los hijos mayores de edad, en tanto dependan económicamente de progenitor, tutora legal o persona acogedora, al menos hasta los 21 años y o los 25 años cuando cursen estudios.
La institución señala que las quejas recibidas en el ámbito de vivienda a lo largo del año 2023 evidencian las dificultades que encuentra gran parte de la población para acceder a una casa dadas las condiciones del mercado del alquiler. A este contexto de elevados precios en el mercado libre se añade que el parque de vivienda protegida y de vivienda social es muy reducido.
Esta situación, ha agregado, afecta especialmente a personas jóvenes, hogares monoparentales, personas mayores, sobre todo mujeres, con bajos ingresos; a aquellos que durante la pasada crisis económica o durante la pandemia perdieron la vivienda; y a las personas sin hogar.