Madrid, 27 jun (.).- El Gobierno dará a las comunidades "nuevas herramientas" para que puedan legislar sobre los vehículos de alquiler con conductor (VTC) atendiendo al buen funcionamiento del tráfico o a cuestiones medioambientales.
Así lo ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, que ha añadido que la nueva norma tratará de ajustar la legislación española a la jurisprudencia europea, una vez que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sentenció que no se justifican las limitaciones a las licencias de VTC por razones económicas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Calviño ha señalado que el Gobierno apuesta por la declaración del taxi como vehículo de transporte público.
Entre las medidas acordadas, que "se han trabajado con todas las partes implicadas", se incluye como novedad exigir que el titular de la licencia de VTC disponga del vehículo en propiedad o en arrendamiento por más de tres meses.
También se incrementarán las exigencias de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y se apuesta por la declaración del taxi como servicio público.
Igualmente se darán "más herramientas" a las Comunidades para limitar las autorizaciones y ordenar el servicio de transporte de viajeros en sus territorios, atendiendo a criterios de buen funcionamiento en la gestión del tráfico y otros medioambientales.
El Gobierno ha mantenido en los últimos días reuniones con los representantes de los taxistas y de las empresas de VTC para tratar de buscar un acuerdo sobre la regulación de estos servicios.
El rechazo del TJUE a la limitación de las licencias de VTC (utilizadas por plataformas como Uber (NYSE:UBER), Cabify o Bolt) a una por cada 30 taxis que estableció el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) se fundamenta en que no se puede limitar la competencia por razones económicas y sólo se puede establecer por razones de ordenación de la ciudad u otras mediambientales.
Los taxistas entienden que este pronunciamiento ponen en riesgo al sector y amenazan con movilizaciones. La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) advirtió de que las posibles interpretaciones de la sentencia del TJUE pueden suponer una aluvión de autorizaciones VTC, que cifran en más de 130.000.
Las patronales de VTC, Feneval y Unauto, han pedido a la Comisión Europea que interceda ante el Gobierno español, que intenta, a su juicio, aprobar "una regulación urgente para eludir al Tribunal", justo antes de las elecciones generales del próximo 23 de julio.
No obstante, el Gobierno ha subrayado en varias ocasiones que el marco de actuación estatal sólo puede comprender el transporte interurbano, por lo que en el ámbito urbano son las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes deben regular las condiciones para autorizar la circulación de las VTC.