Bruselas, 6 sep (.).- La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, dijo este miércoles que el Gobierno respetará la decisión judicial que permite a los fondos acreedores de Celsa convertirse en accionistas de la compañía, pero velará por que se protejan el empleo y los intereses estratégicos de España.
"El Gobierno, por supuesto, tiene el máximo respeto y ejecutará las resoluciones judiciales", afirmó Calviño preguntada por la sentencia que homologó el plan de reestructuración propuesto por los acreedores de Celsa, dando vía libre para que los fondos pasen a ser accionistas de la compañía en sustitución de los actuales propietarios, la familia Rubiralta.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo informó tras conocerse la sentencia el lunes de que la operación está sometida al control de inversiones extranjeras y, por tanto, la operación que dejaría la propiedad y control efectivo de la empresa en manos de los acreedores necesita el visto bueno del Consejo de Ministros.
Preguntada sobre si es partidaria de autorizar la operación, Calviño señaló que el Gobierno verá cómo tiene que "aplicar los instrumentos" de los que dispone "pensando siempre en el interés general" del país, "en la protección del empleo" y en la "protección de esta importante capacidad industrial en España".
"Por tanto, como ocurre en todo el resto de operaciones, pensando en la defensa y la protección de los intereses estratégicos de España en este contexto", afirmó.
Tras la sentencia dictada este pasado lunes, los fondos acreedores que controlan en torno el 90 % de la deuda jumbo y convertible de la empresa siderúrgica aseguran que esta les concede "el 100 % del capital de la empresa mediante la capitalización de 1.352 millones de deuda convertible y de parte de la deuda".
Este grupo de fondos, formados por Deutsche Bank (ETR:DBKGn), SVP, Cross Ocean, Anchorage, Golden Tree, Attestor, Goldman Sachs (NYSE:GS), Sculptor y Capital Group, ha ratificado al mismo tiempo su "compromiso" con el mantenimiento de las operaciones de la empresa en España y su intención de nombrar a un nuevo consejo de administración.
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